Jefe de gabinete de Mazón niega saber sobre confinamientos

La comparecencia clave en la investigación de los confinamientos escolares

El jefe de gabinete del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareció recientemente ante la Comisión de Investigación de Les Corts Valencianes para declarar sobre la polémica de los confinamientos escolares durante la pandemia de la COVID-19. Durante su intervención, negó tener conocimiento directo sobre las decisiones tomadas respecto a la reclusión forzosa de menores en centros educativos y residencias.

Su intervención ha incrementado el escrutinio político y mediático en torno a la gestión de la anterior administración autonómica y ha puesto en relieve el papel de los órganos asesores y técnicos en la toma de decisiones durante una situación sanitaria sin precedentes.

Contexto del caso: decisiones en medio de la pandemia

En 2020, en plena crisis del coronavirus, varias comunidades autónomas implementaron medidas excepcionales para contener el avance del virus. En la Comunidad Valenciana, algunas de estas decisiones incluyeron el confinamiento de menores en centros de acogida y residencias, lo cual ha sido objeto de una creciente controversia legal, social y política.

Las críticas han sido dirigidas en particular hacia la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que en ese momento lideraba Mónica Oltra. Los cuestionamientos se centran en si estas medidas vulneraron los derechos fundamentales de los menores y si se llevaron a cabo con el respaldo necesario de informes sanitarios y jurídicos.

El papel de Carlos Mazón

Carlos Mazón asumió la presidencia de la Generalitat Valenciana en 2023 tras vencer en las elecciones autonómicas. Desde su llegada, ha apoyado la apertura de investigaciones para esclarecer si durante el confinamiento se cometieron irregularidades por parte de cargados públicos de la anterior legislatura.

No obstante, la comparecencia del actual jefe de gabinete, José Antonio Rovira, ha sido uno de los momentos más esperados dentro del proceso parlamentario que busca determinar las cadenas de decisión y responsabilidad en aquel momento.

Declaraciones clave del jefe de gabinete

Durante su testificación, José Antonio Rovira aseguró de forma clara que no tuvo “ningún tipo de conocimiento” sobre las decisiones que derivaron en el aislamiento prolongado de menores. Indicó que las competencias técnicas y sanitarias correspondían directamente a otras áreas de la administración y que, en todo momento, su labor ha sido de asesoramiento político y no técnico.

• Negó haber intervenido en el diseño o aprobación de los protocolos de confinamiento.
• Señaló que los datos y directrices fueron gestionados por el equipo de salud pública y los responsables técnicos.
• Dijo haberse enterado de los confinamientos a través de los medios de comunicación y no por informes internos.

Remisión a los asesores técnicos

Otra afirmación relevante fue que cualquier cuestión relativa a decisiones sanitarias fue remitida por su equipo directamente a los asesores especializados, subrayando la separación entre lo político y lo técnico en situaciones de crisis. Esta declaración refuerza la línea argumental del Ejecutivo actual de responsabilizar exclusivamente a quienes firmaron dictámenes o ejecutaron las órdenes sin respaldo legal suficiente, según dicen algunos diputados opositores.

Reacciones políticas tras la comparecencia

Las palabras del jefe de gabinete de Mazón provocaron una inmediata reacción en el Parlamento. Diversos grupos parlamentarios expresaron su preocupación por la aparente falta de coordinación política en un asunto de tanta gravedad.

Opiniones desde la oposición

Desde los partidos de la oposición, especialmente Compromís y el PSPV-PSOE, se ha criticado lo que califican como una “estrategia de desmarque”. A su juicio, el actual equipo de Gobierno estaría utilizando la investigación como una herramienta de desgaste político, más que como un proceso de esclarecimiento de responsabilidades.

Algunos portavoces incluso han solicitado que Mazón comparezca personalmente para explicar su posicionamiento actual frente a las decisiones pasadas, aunque no formaba parte del anterior Ejecutivo.

Apoyo desde las filas del Ejecutivo

Por el contrario, desde el Partido Popular y Vox –socios del Gobierno valenciano actual– se ha defendido la falta de implicación del gabinete de Mazón en los confinamientos escolares. Afirman que la verdadera responsabilidad recae en la anterior Conselleria y que las actuales diligencias buscan precisamente evitar que se repitan situaciones en las que se pueda vulnerar el derecho de los menores.

¿Qué ocurrió con los menores durante el confinamiento?

Varios informes y testimonios recogidos por asociaciones de familias y organizaciones de derechos humanos alertaron de que, durante los primeros meses de la pandemia, cientos de menores fueron confinados en sus habitaciones durante semanas sin contacto exterior, incluso sin mostrar síntomas de enfermedad.

Estas medidas, muchas veces aplicadas sin una orden judicial previa, han sido calificadas por juristas como excesivas y desproporcionadas. Se han presentado denuncias tanto a nivel autonómico como estatal, exigiendo responsabilidades por eventuales violaciones de derechos fundamentales.

Investigación en marcha

La Comisión de Investigación de Les Corts sigue recabando información, cargada de comparecencias técnicas y políticas que buscan reconstruir cómo y por qué se tomaron estas decisiones extremas. Algunos de los temas bajo análisis incluyen:

• ¿Existió una base jurídica sólida para recluir a menores?
• ¿Quiénes firmaron los protocolos utilizados en residencias y centros?
• ¿Qué margen tenían las consellerias para tomar estas decisiones sin coordinación con el Gobierno central?

De momento, no se han determinado responsabilidades penales, pero las conclusiones del Parlamento podrían derivar en recomendaciones legales o incluso en la apertura de diligencias judiciales.

Implicaciones políticas y sociales del caso

Este tema ha despertado fuerte sensibilidad tanto en la opinión pública como entre organizaciones defensoras de la infancia. Se considera que, en su afán por contener una pandemia imprevisible, algunas administraciones habrían puesto en segundo plano los derechos individuales, especialmente de los más vulnerables.

Un caso paradigmático de crisis y derechos

Expertos en salud pública y derecho coinciden en que la gestión de emergencias debe tener siempre un equilibrio entre eficacia y respeto a las garantías fundamentales. El caso valenciano podría convertirse en un ejemplo paradigmático a nivel estatal e internacional sobre cómo no repetir los errores del pasado durante futuras crisis sanitarias.

Asimismo, se han abierto debates más amplios como la necesidad de:

• Actualizar la legislación de salud pública frente a emergencias sanitarias.
• Redefinir el papel de los responsables políticos en la toma de decisiones técnicas.
• Fortalecer los organismos de control interno y externo en la gestión de crisis.

Próximos pasos: ¿Qué se espera de la investigación?

La Comisión de Les Corts continuará el calendario de comparecencias durante las próximas semanas, con la expectativa de incluir a cargos técnicos de la Administración anterior y a expertos jurídicos independientes. Se espera un informe final para finales de año que reúna pruebas, testimonios y recomendaciones al Ejecutivo actual y al Parlamento.»

Una oportunidad para reflexionar

Más allá del componente político, la investigación puede ser clave para establecer mejores protocolos de protección a la infancia en contextos de emergencia. También permitirá depurar responsabilidades y aprender de lo ocurrido, para que, si se presentan nuevas situaciones extraordinarias, la respuesta institucional esté mejor anclada en la transparencia, legalidad y el respeto a los derechos humanos.

Conclusión

La comparecencia del jefe de gabinete de Carlos Mazón ante Les Corts ha sido un hito relevante en la investigación sobre los confinamientos forzosos de menores durante la pandemia. Sus declaraciones de no haber tenido conocimiento sobre dichas decisiones y de haber remitido las cuestiones sanitarias a asesores especializados reflejan la compleja organización administrativa que caracterizó los momentos más críticos de la crisis del coronavirus.

La sociedad valenciana, los partidos políticos y los órganos de derechos humanos siguen atentos al avance de esta investigación, que busca arrojar luz sobre uno de los capítulos más delicados de la gestión de la pandemia en España.