Jueza exige vídeos sin editar usados por Emergencias

La investigación judicial sobre la DANA en Valencia se intensifica

La magistrada encargada de la investigación por la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ocurrida en septiembre de 2023 en la Comunidad Valenciana ha solicitado recientemente los vídeos en bruto utilizados por el 112 durante esos días críticos. Estos archivos audiovisuales, que llegaron a usarse en las redes sociales de la exdirectora de Emergencias Autonómicas, Natalia Pradas, serán clave para esclarecer posibles responsabilidades políticas y técnicas.

Dicho material, grabado durante la emergencia y posteriormente editado para su publicación en canales institucionales, se consideraría, bajo sospecha judicial, un posible indicio de uso partidista de recursos públicos en medio de una catástrofe natural.

Una solicitud que pone foco en la gestión comunicacional del Consell

El Juzgado de Instrucción nº1 de Torrent, que lidera las diligencias, ha dirigido un requerimiento a la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) para que entregue los vídeos originales grabados durante el episodio meteorológico extremo ocurrido entre el 11 y el 15 de septiembre de 2023.

La jueza pretende comparar el material bruto con los contenidos difundidos en plataformas como Instagram, Twitter (ahora X) y Facebook vinculadas a perfiles oficiales y, en particular, al de la entonces directora Pradas. El objetivo es analizar si se manipuló o editó con fines propagandísticos mientras persistía el riesgo para la ciudadanía.

¿Qué investiga la jueza?

• El uso de medios públicos con fines personales o políticos.
• Posible desvío del foco informativo durante la emergencia climática.
• Falta de transparencia en la gestión de información institucional.
• Riesgos derivados de priorizar contenido de redes sociales sobre alertas oficiales.

Contexto: La DANA que colapsó la Comunidad Valenciana

Entre los días 10 y 15 de septiembre de 2023, una potente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) arrasó infraestructuras y provocó el caos en varios municipios de la Comunidad Valenciana. Zonas como Torrent, Alzira, Ontinyent y Torrent resultaron especialmente afectadas por lluvias torrenciales, inundaciones y apagones eléctricos.

La AVSRE, dependiente de la Generalitat Valenciana, activó un dispositivo especial de emergencias que funcionó de forma ininterrumpida. No obstante, surgieron críticas públicas y desde la oposición sobre la supuesta falta de anticipación, coordinación y claridad en la difusión de informaciones durante los momentos más críticos.

Emergencias difundió contenido en redes sociales durante la crisis

En paralelo a tareas logísticas, el equipo de comunicaciones del 112 i la directora Pradas protagonizaron varios vídeos difundidos en redes sociales. En estos contenidos, se apreciaba a Pradas explicando actuaciones en marcha, algunas veces en tono informal, empleando hashtags institucionales y personales.

La oposición consideró que ese tipo de publicaciones, algunas de las cuales mostraban bromas o momentos distendidos, banalizaban la gravedad de los sucesos. También se puso en duda si esa estrategia comunicativa priorizaba la imagen de gestión sobre la difusión de mensajes de prevención o alerta a la población.

La Generalitat bajo presión: se piden responsabilidades políticas

El requerimiento judicial se produce después de reiteradas exigencias por parte del Partido Popular y Compromís, quienes han pedido la comparecencia de Natalia Pradas en las Cortes Valencianas para explicar la gestión comunicativa durante la DANA. A esto se suma la entrada en escena de la Fiscalía, que participa en la instrucción del caso por posible mala praxis institucional.

¿Quién es Natalia Pradas?

Exdirectora general de Emergencias, Pradas fue nombrada durante el gobierno del Botànic y asumió funciones clave durante la crisis meteorológica. Enfermera de formación y con experiencia en gestión sanitaria, recibió críticas por el uso intensivo de redes sociales en plena actividad del equipo de crisis.

• Activa usuaria de Instagram donde publicó registros durante la DANA.
• Frecuentemente compartía contenido audiovisual institucional en su cuenta personal.
• En algunos vídeos se usó una narrativa poco común en situaciones de emergencia.

Desvelar los vídeos originales: una pieza clave para el caso

La Jueza solicitó expresamente el envío inmediato de los archivos de vídeo sin edición para contrastarlos con los clips utilizados en la estrategia comunicativa institucional. Estos vídeos deberían mostrar el contexto real de la emergencia, los recursos utilizados y evitar cualquier manipulación de narrativa.

Expertos legales señalan que si se demuestra alteración sustancial de contenido o desvío del objetivo informacional del 112, podría incurrirse en malversación de recursos públicos o incluso en prevaricación administrativa.

¿Qué puede determinar el análisis técnico de los vídeos?

• El grado de edición y alteración del contenido original.
• La intencionalidad del uso de esos vídeos (promoción, imagen, contenido recreativo).
• La coherencia entre la información real de la emergencia y la narrativa proyectada.
• Si se ocultaron o cambiaron datos relevantes en los clips difundidos.

Transparencia institucional en entredicho

La intervención judicial ha reavivado el debate sobre la transparencia en la gestión de catástrofes. Organizaciones civiles y expertos en comunicación institucional advierten que, en situaciones de emergencia, la priorización de intereses políticos puede poner en riesgo la información crítica para la población.

Este caso abre interrogantes sobre la profesionalización de los equipos de comunicación de emergencias y sobre si se deben establecer límites claros al uso de redes sociales personales por parte de funcionarios en momentos de crisis.

Reacciones políticas tras la decisión judicial

Oposición y asociaciones civiles piden dimisiones

En respuesta a la solicitud judicial, tanto Compromís como el Partido Popular han coincidido en la necesidad de esclarecer los hechos y, si procede, depurar responsabilidades políticas. Algunos portavoces han llegado a solicitar la apertura de una comisión parlamentaria para investigar la actuación de la AVSRE durante la DANA.

Por su parte, asociaciones ciudadanas como Ciutadans per la Transparència han puesto el foco en la falta de protocolos sobre la difusión de contenido institucional en redes personales, pidiendo la creación de una normativa clara para evitar casos similares en el futuro.

El gobierno valenciano se pronuncia con cautela

Desde el actual ejecutivo de la Generalitat, liderado por Carlos Mazón, se ha optado por mostrar prudencia ante el proceso judicial, aunque han reiterado su compromiso con la transparencia. Voces oficiales han respaldado la investigación y han ofrecido “total colaboración” al órgano judicial que dirige la causa.

Conclusiones: un precedente para la comunicación institucional en emergencias

La decisión de la jueza de solicitar los vídeos sin editar registrados por Emergencias marca un precedente importante en la interacción entre protocolos institucionales de comunicación y el uso de medios personales de difusión.

A la espera de que se entreguen los vídeos originales y de que los peritos analicen su contenido, la investigación avanza hacia una fase clave que podría establecer criterios en el uso de imágenes, lenguaje y presencia ante cámaras por parte de responsables institucionales durante catástrofes.

La clave: información o propaganda

Detrás de este caso se halla la fina línea que separa la comunicación efectiva en emergencias de la instrumentalización político-personal de los recursos públicos. El dictamen judicial podría sentar jurisprudencia para definir esas fronteras y establecer nuevas formas de actuar cuando cada segundo, y cada palabra, puede salvar vidas.

<h