Prorrogan seis meses la causa judicial por gestión de la DANA

Una investigación judicial que se extiende: nuevas diligencias para esclarecer responsabilidades

La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que azotó la comarca de la Vega Baja en septiembre de 2019 continúa generando consecuencias a nivel judicial. La jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela ha decretado una prórroga de seis meses en la investigación por la supuesta gestión negligente durante esa emergencia climática. La decisión permite continuar con la instrucción judicial en la que se investigan posibles delitos relacionados con la imprudente gestión de esta catástrofe meteorológica.

Esta prórroga responde a la solicitud del Ministerio Fiscal y del Ayuntamiento de Dolores, personado como acusación particular. La investigación afecta a varios cargos públicos y responsables políticos, entre ellos técnicos y empleados de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Contexto del caso: una DANA devastadora con efectos catastróficos

La DANA de septiembre de 2019 fue una de las más destructivas en la historia reciente de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del río Segura y causaron cuantiosos daños en infraestructuras, viviendas, cultivos y servicios básicos.

En municipios como Dolores, Almoradí, Benejúzar y Callosa de Segura, los vecinos vivieron momentos críticos: calles anegadas, desaparición de caminos rurales y daños estructurales en numerosos inmuebles. Esta situación de caos abrió una profunda reflexión sobre el papel de las administraciones y las medidas de prevención adoptadas ante fenómenos extremos como este.

Decenas de damnificados exigen responsabilidad

Desde entonces, colectivos vecinales, alcaldías y afectados han denunciado una serie de fallos en la gestión de la emergencia provocada por dicha DANA. Según numerosas denuncias, los daños se habrían podido minimizar si se hubieran adoptado las medidas necesarias con antelación.

Los principales puntos críticos en torno a la causa judicial son:

• El funcionamiento de infraestructuras hidráulicas como azarbes, canales y estaciones de bombeo.
• La falta de limpieza en cauces fluviales y ramblas naturales.
• La presunta negligencia en la supervisión y gestión por parte de la CHS.
• El supuesto incumplimiento de planes de prevención de riesgos por lluvias torrenciales.

¿A quién se investiga en la causa judicial?

La causa que instruye el Juzgado número 1 de Orihuela indaga sobre la posible responsabilidad de al menos 17 técnicos y responsables públicos. Entre los investigados se hallan ex dirigentes de organismos hidráulicos y otros cargos vinculados a la protección ambiental y la gestión de recursos periódicos en condiciones meteorológicas extremas.

No obstante, por el momento la instrucción todavía no ha determinado una imputación firme contra un cargo político. Todo apunta a que los procesos seguirán adelante tras las diligencias solicitadas.

La acusación mantiene como clave el informe del CEDEX

Uno de los aspectos más relevantes del caso es el informe elaborado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). Este documento técnico ha sido clave para apuntalar las quejas y denuncias de afectados y ayuntamientos.

Entre otros factores, el CEDEX apunta a una posible negligencia en la operación de infraestructuras hidráulicas e incompatibilidades técnicas entre varias de ellas. Según dicho informe, hubo pocas acciones preventivas pese a las alertas climatológicas de la época.

El Ayuntamiento de Dolores amplía la denuncia

El consistorio de Dolores es una de las autoridades más implicadas en esclarecer los hechos. En su última intervención procesal, el Ayuntamiento ha utilizado el informe del CEDEX para ampliar su denuncia formal dentro del procedimiento judicial.

Además de señalar a responsables técnicos de la CHS, se han solicitado nuevas diligencias que permitan obtener documentación técnica adicional, concretamente sobre:

• Manual de operación de la estación de bombeo de San Fulgencio.
• Actas de mantenimiento de azarbes gestionados por las comunidades de regantes.
• Correspondencia entre el Ayuntamiento de Dolores y la CHS durante los días previos al episodio DANA.

¿Por qué se concede la prórroga en la investigación?

La decisión judicial de ampliar la instrucción por seis meses responde a la complejidad del caso y la necesidad de examinar diligencias aún pendientes. A pesar del tiempo transcurrido desde 2019, siguen existiendo numerosos elementos técnicos y administrativos aún por esclarecer.

Según el auto judicial, las diligencias no pueden considerarse completas, y subsisten interrogantes fundamentales para determinar si ocurrieron conductas negligentes que puedan significar delito en el contexto de gestión pública durante catástrofes naturales.

Reclaman la responsabilidad civil de la CHS

Una de las líneas de investigación que ha cobrado fuerza en los últimos meses es la posible responsabilidad civil patrimonial de la Confederación Hidrográfica del Segura. Muchas familias de la Vega Baja han perdido sus viviendas, cosechas o negocios, y ahora piden reparación económica.

Los ayuntamientos implicados insisten en que la deuda con los damnificados debe ser saldada más allá de la responsabilidad penal, activando mecanismos de compensación por daños y perjuicios.

Dolorense afectados han presentado decenas de informes periciales

A fin de apuntalar la reclamación, en el juzgado se han aportado numerosos informes periciales de parte elaborados por arquitectos, agrónomos e ingenieros hidráulicos. Todos ellos evidencian una conclusión compartida: muchos de los daños podrían haberse evitado si se hubiese dado un correcto mantenimiento a las infraestructuras fluviales y de drenaje.

Se analizan inundaciones en sectores como el casco urbano de Dolores, fincas rurales y urbanizaciones como El Hondo o La Alameda. Uno de los argumentos clave es que las estaciones de bombeo no funcionaron con la eficiencia requerida o incluso estaban inoperativas.

La defensa de los técnicos encausados: no hubo imprudencia

Los abogados defensores de los técnicos investigados mantienen que, ante una DANA de tal magnitud, resulta injusto responsabilizar personalmente a quienes intentaron gestionar una situación extrema e imprevisible. Alegan que los protocolos se aplicaron conforme a normativa y que los daños fueron fruto de un evento climático de fuerza mayor.

Además, sostienen que buena parte de las competencias de limpieza y mantenimiento de azarbes corresponderían a las Comunidades de Regantes y no exclusivamente a la CHS o los organismos estatales citados en la causa.

Críticas sobre la coordinación entre administraciones

Una de las grandes lagunas que reveló la DANA fue la falta de coordinación institucional. Según varios informes técnicos, hubo problemas graves en la comunicación entre la Generalitat Valenciana, las confederaciones hidrográficas y los municipios afectados.

Esto provocó retrasos en la activación de sistemas de alerta temprana, ausencia de planes de evacuación adaptados y fallos operativos en la gestión hidráulica de sistemas de bombeo esenciales.

¿Qué puede pasar en los próximos meses?

Con seis meses más de plazo, la causa judicial se adentra en una fase crítica. Se esperan nuevas comparecencias, declaraciones periciales complementarias y el estudio de expedientes de planificación hidráulica.

Lo que ahora se define es si se podrá determinar con claridad una cadena de responsabilidades técnicas y/o políticas que permita elevar la causa a juicio. La sociedad civil, sobre todo en los municipios damnificados, observa con atención esperando verdad, justicia y reparación.

Un proceso simbólico para la resiliencia climática

Este caso no solo busca juzgar la actuación de una administración pública ante una catástrofe natural. También se convierte en un símbolo del tipo de responsabilidad que deben asumir las instituciones en un contexto de crisis climática creciente.

Según expertos, fenómenos como DANAs o gota fría serán cada vez más frecuentes e intensos. Por tanto, es vital:

• Revisar protocolos de actuación ante emergencia climática.
• Invertir en infraestructuras hidráulicas resilientes.
• Fortalecer la colaboración institucional multiescala.
• Escuchar las voces de las comunidades afectadas.

Conclusión: el tiempo apremia para tener respuestas claras

La ampliación del plazo judicial para la causa por la gestión de la DANA en la Vega Baja subraya que aún quedan cuestiones clave sin resolver. Este proceso exige un tratamiento serio, riguroso y transparente