Los sindicatos UGT y CCOO de la Comunidad Valenciana han calificado de “infamia política” la propuesta de resolución del Partido Popular (PP) y Vox para instar al Consell a incorporar al Plan Valenciano de Estadística 2025-2028 estadísticas que diferencien entre “población nacional” y “población migrante”. Según los sindicatos, esta iniciativa tiene como fin “legitimar el odio institucionalizando el prejuicio” y denuncian una “deriva racista” dentro de estas formaciones en la región.
CCOO PV ha afirmado en un comunicado que este intento de diferenciación es una forma velada de estigmatización y critica que los datos se utilicen como “arma arrojadiza” contra ciertos ciudadanos. Isabel Barrajón, secretaria de Migraciones de CCOO PV, ha subrayado que la propuesta pretende crear un chivo expiatorio al que culpar de problemas inexistentes en lugar de buscar eficiencia.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del 2024, las personas nacidas en el extranjero constituyen el 18% de la población en España, siendo el 47% de origen latinoamericano. Las personas migrantes tienen una tasa de actividad del 69,3%, superior al 56,4% de la población española. Además, desempeñan un rol vital en sectores como el trabajo doméstico y los cuidados (72%), la hostelería (45%) y la construcción y la agricultura (32% y 31%, respectivamente).
Los migrantes contribuyen económicamente más de lo que reciben, aportando el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y consumiendo solo el 1% del gasto. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) estima que el gasto público en una persona migrante es un 32% menor que en alguien nativo. En servicios sanitarios, los migrantes suelen utilizarlos menos, lo cual contradice el “mito del colapso”.
UGT PV ha mostrado su oposición a la resolución, advirtiendo que la propuesta supone una “cesión preocupante” a las políticas de la ultraderecha. Critican además la proposición de ley del PP y Vox para modificar el Reglamento de Les Corts, que plantea eliminar comisiones parlamentarias y abandonar el lenguaje inclusivo. Según el sindicato, esto constituye un “grave retroceso democrático y social”.
UGT PV y CCOO PV han exigido al PP que rectifique su postura y vuelva a respetar los valores de igualdad, pluralidad y justicia social. Consideran que el Consell liderado por Carlos Mazón está debilitando la convivencia y los derechos humanos con sus políticas, afectando no solo a los más vulnerables sino también a la calidad democrática de las instituciones.
