El trabajo de AUGC logra que se suspenda una pena de prisión a un guardia civil en aplicación del Código Penal Militar
Un tribunal militar ha concedido la suspensión de la pena de tres meses de prisión impuesta a un guardia civil destinado en Tenerife por un exceso verbal con un superior. La condena se había apoyado en la aplicación del Código Penal Militar a los trabajadores del Cuerpo.
Sin embargo, el trabajo de AUGC en el trámite parlamentario del nuevo Código Penal Militar aprobado el pasado año logró, tras la presentación de distintas enmiendas y solicitud de modificaciones, que en el mismo quedara recogido que los agentes no entrarían en prisión si se trataba de la primera condena y ésta era inferior a dos años.
De esta manera se corregía la grave discriminación por la que una persona condenada por el Código Penal Militar carecía de esta posibilidad de suspensión de su condena al carecer de antecedentes penales, como sí sucedía en el ámbito civil. Así, en el anterior supuesto, cualquier guardia civil con un expediente intachable debía cumplir pena de prisión desde el primer día de condena, como así ha ocurrido, lamentablemente, en diversos casos recientes.
Pese a que sin duda se trata de un avance conquistado a última hora y gracias al trabajo e insistencia de los servicios jurídicos de AUGC, no podemos dejar de lamentar que se siga aplicando a los guardias civiles este Código Penal Militar en el ejercicio de sus funciones policiales. Se trata de una situación absolutamente anacrónica e impropia de un estado democrático, por la que un trabajador puede ser condenado a una pena de cárcel simplemente por mantener una discusión con su jefe.
Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
