Un juzgado suspende el acuerdo del Ayuntamiento de Alicante sobre la entrada en vigor de la ZAS del Casco Antiguo
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número cuatro de Alicante ha adoptado medidas cautelares solicitadas por el sector hostelero en relación con la zona acústicamente saturada (ZAS) del Casco Antiguo. En concreto, ha suspendido el acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento, emitido el pasado 14 de octubre, que establecía las medidas correctoras cautelares en el proceso para declarar esta área como ZAS, según el auto al que se ha tenido acceso.
La resolución, fechada el 28 de noviembre y notificada este lunes, argumenta que la jurisprudencia tiende a suspender los actos administrativos hasta que exista una sentencia definitiva para evitar situaciones irreversibles, a menos que se presenten circunstancias de interés general que recomienden lo contrario.
Según el juzgado, en este caso, después de considerar los intereses en juego, la aplicación de las medidas correctoras, como la limitación del horario de cierre, podría causar a los recurrentes daños y perjuicios de suficiente entidad como para lesionar la finalidad legítima del recurso. Esto incluiría la pérdida de puestos de trabajo, de beneficios y otros perjuicios para los negocios afectados.
Además, se destaca que no consta que el interés público tenga suficiente intensidad para contrarrestar estos perjuicios, ya que aparentemente no se advierten daños concretos por la continuación de la actividad como se ha desarrollado hasta ahora. Por ello, el juzgado decide la suspensión del acto recurrido, considerando también que muchos negocios han impugnado el acuerdo municipal, que aún está pendiente de resolución.
Contra esta decisión, cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un plazo de quince días desde su notificación.
El presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA), Javier Galdeano, destacó que las medidas cautelares se justifican por los posibles “perjuicios irreparables” a los afectados, apoyados en informes económicos. Galdeano señaló que el interés de la ZAS afecta a un reducido número de ciudadanos, argumentando que los dueños de locales son igualmente ciudadanos.
Por otro lado, Ana Barceló, portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, afirmó que este auto es un revés tanto para el equipo de gobierno del PP como para los vecinos que tienen derecho al descanso. Criticó al alcalde Luis Barcala y solicitó explicaciones por no haber demostrado un interés público suficiente para mantener las medidas de la ZAS. Barceló indicó que la situación revela caos e incompetencia por parte del equipo de gobierno y exigió la convocatoria inmediata de la comisión contra el ruido para aclarar lo sucedido y discutir las medidas a tomar a partir de ahora. Además, recalcó que la mesa del ruido no se ha convocado en todo el año, a pesar de que debería haberse reunido en al menos dos ocasiones.
