El propietario de El Ventorro se presenta en los juzgados de Catarroja para declarar sobre la dana
El propietario del restaurante El Ventorro, donde el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compartió una comida con la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024, llegó a los juzgados de Catarroja para prestar declaración ante la jueza que investiga la gestión de la riada.
El empresario acudió a los juzgados a las 9:15 horas para testificar en la causa relacionada con el temporal. Además, el secretario general del PPCV y candidato a suceder a Mazón, Juanfran Pérez Llorca, también está citado para declarar a las 11:30 horas.
Estas declaraciones fueron programadas dos días después de que la magistrada decidiera citarlos junto con el núcleo de asesores más cercanos a Mazón, a solicitud de las acusaciones populares presentadas por el PSPV-PSOE y Ciudadanos, o de manera oficiosa en algunos casos.
Respecto al dueño de El Ventorro, la jueza indicó que fue la única persona que entró y salió de la sala donde comían Mazón y Vilaplana, y podría haber escuchado alguna conversación telefónica del presidente en funciones con la exconsellera.
En cuanto a Pérez Llorca, la citación responde a las llamadas que realizó el día del temporal a Salomé Pradas, quien era entonces la responsable de Justicia e Interior y está siendo investigada en el caso.
La jueza justifica la declaración de Pérez Llorca en las comunicaciones que mantuvo con Pradas: a las 18:57, una llamada perdida; a las 18:58, una llamada saliente de 14 segundos; y a las 18:59, una entrante de 9 segundos. Mazón había realizado llamadas a su síndic alrededor de las 18:57, que deben ser contextualizadas con las realizadas entre la exconsellera y él a las 18:16, 18:25 y 18:30 horas.
Para la jueza, estos intercambios telefónicos podrían proporcionar información sobre los eventos de ese día, especialmente en el caso de Pérez Llorca, dada su cercanía con Mazón. Pradas incluso afirmó que se le conocía como “Juan Fran Mazón” en los contactos.
La jueza considera que todas estas declaraciones son parte del análisis del proceso de toma de decisiones en el Cecopi el 29 de octubre de 2024, incluyendo el envío de alertas a la población. Busca esclarecer el proceso deliberativo de esa reunión y la información que tenía cada participante, así como la posible incidencia de la omisión de traslado de información en decisiones erróneas o omitidas que pudieron haber evitado daños personales.
Además, recuerda que un auto de la Audiencia Provincial de Valencia, fechado el 16 de octubre de 2025, ya había ordenado la citación de Vilaplana como testigo, considerando que Mazón, al ser la máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, tenía funciones directivas y de coordinación, por lo que podía dar instrucciones a los miembros del Consell.
