7 de mayo de 2025
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Torrent critica intención del Gobierno de cobrar canon por reconstrucción de pasarelas tras la DANA

La alcaldesa de Torrent ha denunciado la facturación recibida por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en concepto del canon de ocupación de dominio público hidráulico por dos pasarelas peatonales que ya no existen. Estas fueron destruidas por la DANAdel 29 de octubre de 2024, y sus restos aún persisten como testigos del deterioro.

El gobierno municipal informó que la Generalitat se encargó de su reconstrucción, algo que parece el Gobierno central ignora. La alcaldesa, Amparo Folgado, calificó la liquidación de “afrenta institucional” y “sinsentido moral”. Explicó que el pago se solicita por un espacio ocupado por estructuras destruidas. “No hay ocupación ni beneficio y ahora recibimos una factura estatal”, resumió.

Las pasarelas eran fundamentales para los vecinos. Una conectaba el CEIP Juan XXIII, en el barrio del Xenillet, con la otra orilla del barranco del Poyo, y la otra unía la calle Perellonet con el polígono Mas del Jutge, cruzando el barranco de l’Horteta. Ambas estructuras se levantaban sobre cauces gestionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La dana causó un colapso de la red fluvial y numerosos desbordamientos tras la caída de más de 700 litros por metro cuadrado en la cabecera, ubicada en Turis. El agua, junto con cañas y residuos, arrastró las pasarelas debido a años de inacción de la CHJ y falta de limpieza de los barrancos.

Desde entonces, la Generalitat ha financiado la reconstrucción mientras que el Gobierno, a través de la CHJ, se mantiene al margen. “Es surrealista que el organismo que no mantiene, no limpia y no reconstruye, ahora quiere cobrarnos”, denunció Folgado en el pleno.

La liquidación enviada al Ayuntamiento de Torrent, con número 2025/03864, estima un canon basado en una “ocupación teórica” de 441 metros cuadrados de dominio público hidráulico, calculado proporcionalmente al ejercicio fiscal, como si las pasarelas aún existieran. “Actúan como si nada hubiera pasado, como si no hubiera ocurrido una catástrofe natural. Es una falta de humanidad y lógica institucional”, subrayó la alcaldesa.

Folgado también criticó el silencio del Ministerio y de la CHJ desde la catástrofe. “Han pasado seis meses y el Gobierno ni siquiera se ha interesado en revisar el estado de los barrancos en Torrent. No saben que las pasarelas ya no existen. ¿Cómo pueden pretender cobrarnos por ellas?”, cuestionó.

Además de rechazar el canon, la alcaldesa solicita al Gobierno la construcción urgente de un Plan Sur para el barranco del Poyo y l’Horteta, similar al proyecto que protege a Valencia tras la riada de 1957. “No necesitamos pagar cánones por pasarelas inexistentes, sino medidas reales que prevengan futuros daños con un nuevo Plan Sur para el Poyo y l’Horteta”.

Amparo Folgado enfatizó la importancia del barranco de l’Horteta, el cual, según un estudio de la Universitat de València, canalizó un mayor caudal que el barranco del Poyo durante la dana. “Eso lo sabemos desde el primer día. Lo hemos señalado y denunciado. Y es precisamente ese barranco el que sigue ignorado sin intervención”.

La situación es tal que, hace dos semanas, unas lluvias moderadas (40 litros por metro cuadrado en Turís) provocaron un nuevo desbordamiento del barranco de l’Horteta en Torrent. “Con toneladas de materiales aún en el cauce desde octubre, su capacidad es menor que antes. No se ha hecho nada. Seguimos igual o peor”, comentó lamentando las actuaciones limitadas a pasos inundables por parte del Ayuntamiento y la Consellería de Agricultura.

Por ello, solicita al Ministerio para la Transición Ecológica que actúe desde las cabeceras de los barrancos —Poyo, l’Horteta, Gallego y la Saleta— y no se limite a intervenciones parciales al final del cauce. “Sin actuar en origen, todo lo que se haga al final es inútil. Necesitamos una obra similar al Plan Sur del Turia, pero para Torrent y su entorno. Esto no puede esperar más”, sentenció.

El Ayuntamiento de Torrent planea solicitar a la CHJ la paralización inmediata del canon y enviará una carta al Ministerio dirigido por Sara Aagesen, demandando una revisión de los criterios de aplicación de los cánones hidráulicos.

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