25 de agosto de 2026
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Torrevieja reclama hasta 150 guardias civiles más mientras el Gobierno cifra en un 9% la caída de la delincuencia

El alcalde Eduardo Dolón sostiene que los 208 agentes destinados en el municipio son insuficientes para una población que supera los 115.000 empadronados y se dispara durante el verano. La Subdelegación del Gobierno defiende que los delitos han descendido y asegura que la plantilla de la Guardia Civil ha aumentado un 7%.

La seguridad ciudadana ha abierto un nuevo frente entre el Ayuntamiento de Torrevieja y el Gobierno de España. El alcalde, Eduardo Dolón (PP), reclama la incorporación de entre 100 y 150 efectivos adicionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras la Subdelegación del Gobierno sostiene que los datos reflejan una evolución favorable de la criminalidad.

El debate se produce en una ciudad con una particularidad que condiciona sus necesidades durante buena parte del año. Torrevieja cuenta con más de 115.000 habitantes censados, pero durante los meses estivales su población puede aproximarse a las 300.000 personas e incluso alcanzar picos estimados de 400.000, según cálculos municipales basados en el consumo de agua.

Frente a esta realidad demográfica, el municipio dispone actualmente de 208 agentes de la Guardia Civil, una dotación que el Ayuntamiento considera insuficiente.

Más de 10.000 delitos registrados en 2025

Dolón fundamenta su petición también en las cifras correspondientes al pasado ejercicio. Durante 2025 se contabilizaron más de 10.000 delitos en Torrevieja.

El alcalde sostiene que el número de guardias civiles apenas ha variado durante la última década, pese al fuerte crecimiento experimentado por la ciudad. Según su comparación, cuando Torrevieja rondaba los 90.000 habitantes ya disponía de una dotación similar.

El primer edil pone como referencia a Benidorm, donde asegura que trabajan entre 300 y 350 efectivos de la Policía Nacional, pese a registrar una población flotante inferior.

El Gobierno responde: la criminalidad baja un 9%

La Subdelegación del Gobierno en Alicante ofrece una lectura diferente de la situación.

Según los datos estatales, las infracciones penales descendieron un 9% entre enero y julio de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. La reducción afectaría tanto a la delincuencia convencional como a la ciberdelincuencia.

Por tipología delictiva, los robos con violencia e intimidación habrían descendido un 20%, mientras que los robos en viviendas bajaron un 11% y los hurtos, más de un 8%.

La tendencia se habría mantenido durante el periodo de mayor presión turística. Entre el 1 de junio y el 20 de agosto, la delincuencia habría disminuido aproximadamente un 7%, según los datos expuestos por el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda.

Pineda, acompañado por el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, Francisco Poyato, ha defendido que Torrevieja es una ciudad segura.

Dolón cuestiona las estadísticas y habla de falta de efectivos

El alcalde no comparte ese diagnóstico y pone en duda que las estadísticas reflejen completamente la situación que perciben los residentes.

Dolón reclama comparar los ejercicios completos y plantea que una eventual reducción estadística también podría estar relacionada con delitos que finalmente no llegan a denunciarse.

El regidor distingue, además, entre inseguridad objetiva y sensación de falta de seguridad, una percepción que, según sostiene, le trasladan los ciudadanos.

Su principal reivindicación continúa siendo el aumento de efectivos estatales para adaptar los recursos policiales al crecimiento experimentado por Torrevieja y, especialmente, a la enorme población flotante que recibe durante el verano.

La Policía Local, con más de 100 incorporaciones

El Ayuntamiento asegura que la falta de efectivos de la Guardia Civil está provocando que la Policía Local tenga que asumir actuaciones y cubrir necesidades adicionales.

Según Dolón, el consistorio ha incorporado más de un centenar de policías locales durante los últimos años, pero las patrullas continúan sometidas a una elevada carga de trabajo.

La Subdelegación replica que también se ha reforzado la Guardia Civil. Según los datos ofrecidos por Pineda, la plantilla de la principal casa cuartel de Torrevieja ha experimentado un incremento del 7% y el Gobierno continúa trabajando para ampliarla.

El Ejecutivo estatal señala igualmente que el tiempo medio de respuesta de los agentes es de cinco minutos y sostiene que no constan quejas ciudadanas o un malestar generalizado por la actuación de las patrullas.

El verano multiplica la presión sobre Torrevieja

Uno de los argumentos centrales del Ayuntamiento es la enorme diferencia existente entre la población oficial y la real durante determinadas épocas.

El festival Low, por ejemplo, obligó a desplegar un refuerzo puntual de 25 agentes del Grupo de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil para atender un acontecimiento con alrededor de 20.000 asistentes.

Dolón utiliza ese dispositivo como comparación para señalar que los paseos marítimos de Torrevieja pueden concentrar cada fin de semana del verano una cantidad de personas muy superior.

De ahí que el Ayuntamiento considere que los refuerzos extraordinarios vinculados a acontecimientos concretos no solucionan una situación que, a su juicio, requiere un aumento permanente de la plantilla.

Dos diagnósticos enfrentados sobre la seguridad de Torrevieja

La controversia deja sobre la mesa dos cuestiones diferentes. Por una parte están los datos oficiales de criminalidad, que según la Subdelegación muestran descensos durante 2026. Por otra, la capacidad de las plantillas policiales para atender una ciudad cuya población real puede multiplicarse durante los meses de verano.

El Ayuntamiento reclama entre 100 y 150 efectivos estatales adicionales y sostiene que los recursos actuales no han crecido al mismo ritmo que Torrevieja. El Gobierno responde con el descenso de los delitos, el incremento del 7% de la dotación de la Guardia Civil y unos tiempos de respuesta que considera adecuados.

La discusión sobre la seguridad se suma, además, a otros asuntos que mantienen enfrentadas a ambas administraciones, como la N-332, la desaladora o la atención a refugiados ucranianos.

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