Ninguno de los investigados fue informado de la apertura del expediente ni tuvo la oportunidad de defenderse antes de que el caso se hiciera público. La difusión del informe precipitó la dimisión de José María Ángel Batalla apenas 36 horas después.
Valencia – El ya excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA, José María Ángel Batalla, vive uno de los episodios más duros de su trayectoria personal y profesional. Hace apenas una semana fue hospitalizado tras un intento de suicidio que él mismo vinculó a la presión mediática y política generada por la difusión de un informe de la Agencia Valenciana Antifraude. Dicho documento le acusaba de haber accedido a su plaza de funcionario con un título universitario presuntamente falso.
Ahora, un nuevo análisis jurídico del proceso señala que la propia agencia habría incumplido la normativa interna durante la tramitación del expediente, al no comunicar la apertura de la investigación ni conceder trámite de audiencia a los afectados, tal y como marca el artículo 10 de su ley reguladora.
Un derecho de defensa inexistente
Ni Batalla ni los dos funcionarios también implicados en el expediente fueron informados de que se había iniciado la investigación. La ley establece que, cuando se identifique una posible implicación personal, el afectado debe ser informado de inmediato y tener la oportunidad de presentar alegaciones.
El artículo 10.3 de la norma permite mantener la investigación en secreto durante un tiempo por razones justificadas, pero obliga a garantizar posteriormente ese derecho. En este caso, según las denuncias, la comunicación nunca se produjo antes de que el expediente fuera remitido a la Diputación de Valencia.
Un expediente exprés
El 7 de mayo, Antifraude detectó lo que calificó como un “ilícito administrativo disciplinario” y solicitó diferir el trámite de audiencia, justificando la reserva de la investigación. Ese mismo día envió el expediente a la Diputación, que más de tres meses después decidió reclamar la restitución del dinero presuntamente cobrado de forma irregular y remitir el caso a la Fiscalía.
El ritmo de este procedimiento —menos de un mes desde la denuncia hasta el cierre— contrasta con otros expedientes abiertos por la misma agencia, como el de un policía local vinculado al PP en Benidorm, que llevan años sin resolución.
Consecuencias inmediatas y causa penal abierta
La publicación del informe en medios de comunicación provocó que Batalla presentara su dimisión irrevocable en apenas 36 horas. Desde entonces, ha insistido en que desconoce el origen del título universitario que figura en su expediente y niega haber falsificado documentación.
La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias y deberá decidir si llama a declarar tanto al excomisionado como a los funcionarios señalados. El caso pone el foco en los procedimientos internos de la Agencia Antifraude y reabre el debate sobre el respeto a las garantías jurídicas incluso en investigaciones que, por su naturaleza, suelen mantenerse en reserva.
