El Juzgado de Instancia número 5 de Alicante ha recibido por turno de reparto la denuncia presentada por la organización Manos Limpias en relación con las presuntas irregularidades detectadas en la promoción de viviendas de protección pública construidas en la zona de Playa de San Juan.
El caso ha provocado una fuerte polémica política y administrativa en la ciudad, con dimisiones incluidas, y ahora queda en manos judiciales determinar si procede abrir diligencias penales.
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Diez personas señaladas en la denuncia
La querella va dirigida contra diez personas. Entre ellas figura la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, que dimitió tras hacerse público que era una de las adjudicatarias de las viviendas. También aparecen dos funcionarios municipales que habrían resultado beneficiarios, directa o indirectamente, así como los cuatro máximos responsables de la cooperativa promotora del residencial.
En el escrito se apunta a posibles delitos como tráfico de influencias, falsedad en documento público o mercantil, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa.
Cuatro denuncias acumuladas
El juzgado competente será el encargado de decidir si abre diligencias tras acumular también las cuatro denuncias presentadas por la Fiscalía relacionadas con la gestión de estos pisos. Entre los denunciantes figuran el grupo municipal del PSPV-PSOE, Sumar, el propio equipo de gobierno municipal (PP) y la Conselleria de Vivienda.
El Ministerio Público había iniciado previamente actuaciones preliminares, que fueron derivadas a la Fiscalía Anticorrupción para su análisis.
La promoción: 140 viviendas protegidas en zona privilegiada
La promoción cuestionada se ubica en el residencial Les Naus, en la zona de La Condomina, una de las áreas más valoradas de la ciudad. Se trata de la primera promoción de este tipo en más de veinte años en Alicante.
Según la información pública de la promotora Fraorgi SL, el complejo está compuesto por 140 viviendas protegidas de tres y cuatro dormitorios, con garajes, trasteros, locales comerciales y zonas comunes como piscina, club social y pistas deportivas.
El solar fue subastado por el consistorio entre 2018 y 2022.
Impacto político y administrativo
El caso ha generado una considerable presión institucional y mediática, especialmente tras conocerse que cargos públicos y familiares directos habrían accedido a estas viviendas protegidas mediante su inscripción como socios de la cooperativa constructora.
Ahora será el juzgado el que determine si existen indicios suficientes para iniciar una investigación judicial formal sobre el proceso de adjudicación y la posible comisión de delitos.
