El programa ‘Código 10’ asegura haber accedido a una alerta fechada el 27 de julio, tres días antes de la llegada de decenas de miles de personas desde Marruecos

Un nuevo documento policial habría alertado el 27 de julio sobre el riesgo de una entrada irregular masiva en Ceuta, tres días antes de que decenas de miles de personas cruzaran la frontera desde Marruecos.

El aviso, atribuido a la Brigada de Extranjería y Fronteras, ha sido difundido por el programa Código 10, que sostiene que esta comunicación se suma a otras dos fechadas los días 28 y 29 de julio.

De confirmarse íntegramente el contenido y el recorrido administrativo de los documentos, las fuerzas de seguridad habrían emitido al menos tres advertencias consecutivas antes de la crisis fronteriza del 30 y 31 de julio.

La existencia de la alerta del día 27 procede por ahora de la documentación mostrada por el programa de Cuatro y no ha sido confirmada públicamente en todos sus extremos por el Ministerio del Interior. Mediaset asegura que el documento advertía tres días antes del riesgo de una entrada en Ceuta.

Dos avisos de riesgo elevado y uno de riesgo extremo

Según la información difundida, las comunicaciones de los días 27 y 28 de julio calificaban la situación como de “riesgo elevado”. La alerta del día 29 habría aumentado el nivel a “riesgo extremo” ante la posibilidad de que se produjeran entradas coordinadas por vía marítima o mediante un salto de la frontera.

La existencia de la comunicación del 29 de julio sí aparece recogida en el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, conocido como CENIF, remitido posteriormente a la Audiencia Nacional.

La nota advertía de un escenario previsto para el 30 de julio y contemplaba posibles accesos a nado y a través del perímetro fronterizo.

El programa sostiene que los avisos fueron incorporados al Centro Nacional de Comunicaciones de la Policía, órgano encargado de centralizar y redistribuir información operativa.

La alerta del 29 de julio también habría sido remitida a la Secretaría de Estado de Seguridad, la Delegación del Gobierno en Ceuta y las principales jefaturas policiales de Ceuta y Melilla.

El debate se centra ahora en quién recibió la información

La aparición de estas comunicaciones vuelve a situar el foco en la trazabilidad de los avisos y en qué responsables tuvieron acceso a ellos antes de la entrada masiva.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en el Congreso que ninguno de los avisos existentes anticipó la dimensión ni la probabilidad de lo que finalmente sucedió. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha negado haber recibido un informe que advirtiera expresamente de una entrada de aquellas proporciones.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió, sin embargo, que el CNI comunicó el riesgo a la Delegación del Gobierno en Ceuta el 29 de julio. Esta diferencia entre las explicaciones ofrecidas por varios miembros del Ejecutivo ha alimentado la controversia sobre la circulación interna de la información.

La existencia de una advertencia no demuestra por sí sola que las autoridades pudieran prever la llegada de entre 70.000 y 80.000 personas. Las informaciones conocidas tampoco permiten establecer todavía qué medidas concretas se adoptaron después de cada aviso.

El informe sobre la actuación de Marruecos

La Audiencia Nacional también analiza un informe policial posterior a los hechos que describe la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes durante las entradas.

El documento sostiene que agentes uniformados y personas de paisano guiaron o facilitaron el desplazamiento hacia los puntos de acceso y que la operación buscó colapsar la capacidad española de controlar la frontera.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha defendido, sin embargo, que ningún informe atribuye formalmente a las autoridades marroquíes la planificación o ejecución de la entrada masiva.

El presidente del Gobierno mantiene que no existen pruebas concluyentes que permitan responsabilizar a Marruecos de organizar la operación. Sánchez sí reconoció que la policía marroquí permitió los cruces durante un periodo crítico de unas diez horas, aunque señaló que todavía debía aclararse si se debió a una decisión deliberada o a la incapacidad para contener a la multitud.

El Supremo reclama documentación al Gobierno

El Tribunal Supremo ha requerido al Ministerio de la Presidencia la entrega del expediente administrativo relacionado con la actuación del Gobierno durante la crisis.

La petición parte de un recurso presentado por la asociación Zeolandia, que denuncia una supuesta omisión de medidas preventivas y ocultación de información.

No se trata, por el momento, de una investigación penal abierta contra el Gobierno. La actuación corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha solicitado el expediente para examinar el recurso y determinar cómo debe continuar el procedimiento. La diligencia concede cinco días al Ejecutivo para remitir la documentación y los informes que considere pertinentes.

Paralelamente, el Gobierno ha anunciado la publicación de alrededor de 40 documentos fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto. La documentación desclasificada incluye tres notas del CNI, un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil.

Su contenido permitirá comprobar qué información manejaron los diferentes organismos, cuándo fue trasladada y si los nuevos avisos difundidos coinciden con los documentos oficiales que conserva el Ejecutivo.