Raúl Gil, vecino de València, se encuentra “indignado” por no haber podido acompañar a sus dos hermanas y a su madre en el entierro de su padre en el Cementerio General de la ciudad, tras el decreto del Gobierno como consecuencia del coronavirus que solo permite un máximo de tres familiares para dar ese último adiós junto con un ministro de culto, que en su caso no había.

“Es inhumano. Un hijo no pudo despedirse”, lamenta en una carta hecha pública, para criticar el trato que recibió de una de las trabajadoras al no permitirle ese acceso pese a no sobrepasar el número de personas autorizadas en el real decreto al no haber párarco. Sin embargo, el Ayuntamiento alega versiones “contradictorias”, que la contrata asegura que el afectado se exaltó y que la empleada “únicamente quería cumplir la ley” aunque reconocen que “son medidas tremendamente crueles pero no se adoptan por voluntad propia”.

Una de las circunstancias más tristes que deja el coronavirus es la dificultad de despedirse de los seres queridos cuando fallecen. Según la Orden dictada por el Ministerio de Sanidad, para el enterramiento podrán estar tres personas familiares máximo y un ministro de culto o persona asimilada para la práctica del rito de despedida del difunto.

Los cementerios están cumpliendo con esta ordenanza a la que ha tenido también que hacer frente la familia de Raúl Gil, cuyo padre falleció por cáncer el pasado sábado, 4 de abril, y fue enterrado en el Cementerio General.

Para despedirle, acudieron al cementerio la mujer y los tres hijos, sin párroco. Todos ellos provistos de guantes y de la mascarilla reglamentaria, informa Gil en una carta remitida a los medios de comunicación.

Al llegar al lugar, según comenta en el escrito, les dijeron que uno de los cuatro acompañantes no iba a poder entrar. Así, ellos plantearon la opción de que entrar una de las hermanas unos minutos a despedirse, y luego el otro hijo. “Nuevamente la negativa es rotunda, incitando a que rápidamente escojamos quién se queda fuera”, afirma.

En ese momento, trasladaron a la trabajadora del centro su “indignación” ante “tal surrealista situación”, indicándole que era una situación “inhumana” llevar a cabo la orden de esta forma. Le recordaron que el padre había fallecido de cáncer y no por el Covid-19, y llevaban documentación para demostrarlo.

“La persona –trabajadora–, demostrando una nula empatía y una pésima gestión de la situación, perdió los estribos alterándose hasta el punto de gritarnos y cerrarnos la puerta del cementerio durante más de 20 minutos con el coche fúnebre esperando en la puerta, hasta que finalmente volvió a abril”, lamenta.

Y prosigue: “Dada la desagradable situación, decidí quedarme fuera y pasaron junto al coche fúnebre mis dos hermanas y mi madre, procediendo esta persona a cerrar la puerta del cementerio en la cara y con tres vueltas de llave. Quiero transmitir la indignación como ciudadano ante la injusticia y mala gestión de la situación. Las leyes están para cumplirlas, pero el sentido común, el respeto a las personas y la humanidad debe de prevalecer por encima de todo. Esta medida es totalmente desproporcionada”, indica.

En esta línea, recuerda que en un supermercado sí puede haber más de 50 personas cruzándose por los pasillos, “la mayor parte de ellos sin mascarillas”; o en una empresa sí pueden trabajar decenas de personas a la vez en un espacio cerrado.

Ante esta situación, como ciudadano denuncia, en primer lugar, que en su caso se incumplió la orden de Sanidad al impedir el acceso a una persona asimilada para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto: “Yo, Raúl Gil, como ciudadanos español e hijo del difunto en un Estado aconfesional, comuniqué mi intención de acceder como persona asimilada para la despedida. Hecho que me prohibieron porque no era un sacerdote católico”. Así mismo, lamenta el trato “pésimo, desproporcionado, vejatorio e inhumano de la trabajadora del cementerio”.

DECLARACIONES “MUY DIFERENTES”

Tras conocer este caso particular, desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con la contrata del personal del cementerio para interesarse por el incidente y le han trasladado que la versión del denunciante no coincide con la aportada por los empleados que estuvieron presentes en el momento del entierro. Existen, por tanto, versiones “contradictorias”, han explicado fuentes municipales a Europa Press.

Desde el consistorio han indicado que el denunciante se exaltó y puso en una situación comprometida a la trabajadora del cementerio, que “únicamente quería cumplir la ley”. Desde el consistorio han resaltado que hay que cumplir la orden y “se ha respetado siempre. Es una cuestión puramente sanitaria”, han dicho.

Las mismas fuentes han señalado que ésta es una cuestión regulada por el Ministerio de Sanidad y los ayuntamientos se limitan a acatarla. “Son medidas tremendamente crueles pero no se adoptan por voluntad propia, sino por una situación sanitaria que obliga a esos límites”, han dicho.