La familia dispone de un certificado de vulnerabilidad y está pendiente de una ayuda social de emergencia del Ayuntamiento de Alicante. El Sindicat de Vivenda de Carolines reclama que se suspenda el lanzamiento aplicando las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno y anuncia una movilización si continúa adelante.
Una mujer y sus tres hijos menores de edad afrontan este jueves un desahucio en la zona norte de Alicante después de residir en la misma vivienda desde 2014 mediante un alquiler social.
El caso llega en plena crisis por el acceso a la vivienda y apenas unos días después de las movilizaciones y acampadas que se mantienen en diferentes ciudades.
Según ha explicado el Sindicat de Vivenda de Carolines, la familia está reconocida en situación de vulnerabilidad y todavía espera una solución que evite que tenga que abandonar el inmueble sin disponer de una alternativa habitacional.
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La vivienda fue vendida con el contrato todavía vigente
La historia comenzó cuando el propietario del piso decidió venderlo mientras el contrato de arrendamiento de la familia todavía se encontraba en vigor.
El comprador fue, según el colectivo, un fondo de inversión.
Posteriormente, el nuevo propietario no renovó el alquiler e inició el procedimiento que ha terminado desembocando en el lanzamiento previsto para este jueves.
Pero el inmueble volvió a cambiar de manos durante el proceso.
Con el procedimiento de desahucio ya abierto, la vivienda fue vendida nuevamente, esta vez a otra empresa inmobiliaria.
Tres menores y sin alternativa habitacional
El sindicato sostiene que concurren varias circunstancias que deberían permitir suspender el lanzamiento.
La familia cuenta con un certificado de vulnerabilidad, tiene ingresos inferiores al IPREM y, según la organización, carece actualmente de una alternativa habitacional.
Además, la propiedad está en manos de una persona jurídica.
Con estos argumentos, el colectivo reclama que se apliquen las medidas de protección aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre.
Pendientes del Ayuntamiento de Alicante
Mientras avanza el procedimiento judicial, la familia ha solicitado una ayuda social de emergencia al Ayuntamiento de Alicante.
El Sindicat de Vivenda de Carolines asegura que todavía está pendiente de resolución.
La proximidad del lanzamiento convierte ahora los plazos en un elemento determinante: el desahucio está previsto para este jueves y la familia necesita una solución antes de que se ejecute.
Reclaman aplicar las nuevas medidas sobre vivienda
La organización considera que las circunstancias del caso encajan en los supuestos de protección previstos para hogares vulnerables.
Por ello exige la paralización del lanzamiento mientras se determina una solución para la madre y sus tres hijos.
La petición deberá resolverse dentro del procedimiento correspondiente; que el sindicato considere aplicable la nueva normativa no supone por sí solo la suspensión automática del desahucio.
Anuncian una movilización si no se suspende
El colectivo ha advertido de que, si el lanzamiento sigue adelante, convocará una “gran movilización” para intentar evitarlo.
El caso de Alicante se suma así a otros procedimientos de desahucio que han adquirido protagonismo durante los últimos días y que han alimentado las protestas por la vivienda.
Este jueves llegará el momento decisivo para esta familia: después de doce años viviendo en el piso y tras pasar la propiedad por diferentes manos, una madre y sus tres hijos menores esperan saber si podrán permanecer en su casa o tendrán que abandonarla sin disponer todavía de otra vivienda.
