La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha anulado hoy en la reunión que ha celebrado los derechos reconocidos por este mismo órgano el 24 de febrero de 2012 relativos a la imposición de dos penalidades a la adjudicataria de la construcción del Centro Social de Patraix, así como aprobar el abono a dicha empresa (MB3 Obras y Servicios SAU) del importe de la una factura en concepto de la certificación final de dicha obra por 71.681 euros, según ha desvelado el grupo de Esquerra Unida en el consistorio.
Estos acuerdos tienen su origen en la pérdida de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº.1 de Valencia del 9 de abril de 2013 estimatoria del recurso planteada por BM3 contra el acuerdo que establecía la imposición de dos multas en el mes de diciembre de 2011 por determinados incumplimientos en la ejecución de la obra.
Para la concejala del grupo de EU, Rosa Albert, ¨lo más grave no sólo es que se haya perdido la sentencia al haber transcurrido el plazo legalmente establecido para interponer la sanción por el ayuntamiento y por tanto por haber caducado el procedimiento sino que, además, el consistorio pasa a ser deudor”.
La edil ha explicado que estas dos penalidades se impusieron, por un lado, por incumplimiento muy grave de las condiciones especiales de ejecución e imponiéndole por ello una multa de 170.412 euros y, por otro, por incumplimiento grave en cuanto a la información completa del importe de lo subcontratado por importe de 52.795 euros. Es decir, “que el Ayuntamiento pasa de reclamar más de 220.000 euros a BM3 a tener que abonarle más de 71.000 euros por una mala gestión del equipo de gobierno del PP”, ha declarado Albert.
La concejala ha recordado que tanto este centro social como el de Jubiocio en Benicalap y el de Nou Moles, obras financiadas con fondos del Plan E, fueron adjudicados a BM3, empresa que desde 2011 se encuentra en concurso de acreedores.
El ayuntamiento que reclamaba es quien finalmente paga
“Ahora no sólo no se va a recuperar aquellas cantidades que se le exigían a la empresa por incumplimientos muy graves del contrato sino que el ayuntamiento es el que le va a pagar los 71.649 euros relativos a la certificación final del centro social, cosa que no deja de ser paradójica teniendo en cuenta los gravísimos incumplimientos de la constructora”, ha dicho la edil.
El Centro Social de Patraix, cuyo presupuesto inicial fue de 2.969.741 euros pero que finalmente, tras varias modificaciones del proyecto, tuvo un sobrecoste de un 12’48 %, cantidad a la que, además, hay que sumar un total de 60.924 euros de precios contradictorios, ha tenido finalmente un coste de 3.400.000 euros.
VLC Ciudad/Redacción
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