UPyD exige a la CE que publique toda la información sobre el déficit de la Comunitat Valenciana pese a las presiones del Gobierno

La jefa de la Delegación de UPyD en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, reclamó hoy a la Comisión Europea que publique toda la información recabada hasta el momento sobre el presunto fraude en los cálculos del déficit público por parte de la Comunidad Valenciana

Tras conocer que el Gobierno de España ha interpuesto recurso ante el Tribunal Europeo de Justicia para interrumpir la investigación emprendida por el Ejecutivo comunitario, Pagazaurtundúa ha presentado una pregunta parlamentaria interesándose sobre posibles presiones realizadas por el equipo de Mariano Rajoy para paralizar la investigación, alegando que el Ejecutivo comunitario está actuando de forma retroactiva y por tanto violando el principio de seguridad jurídica.

“Ante la intención del Gobierno de España de que la investigación de la Comisión no prospere, considero de gran relevancia que la Comisión aclare” si ha sufrido presiones “previas” a la presentación del recurso, manifestó la diputada de la formación magenta.

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En todo caso, reclamó al Ejecutivo comunitario que proporcione toda la información recabada “hasta este momento sin prejuicio del dictamen final del procedimiento sancionador”.

Pagazaurtundúa considera necesario arrojar luz sobre el supuesto caso de ocultación del déficit público de la región, por el cual no sólo se habrían falseado los gastos sanitarios, sino también los de otros organismos públicos de la región como la Feria de Valencia, Ciegsa o las Universidades.

La investigación comunitaria examina si la declaración errónea, de forma deliberada o por negligencia grave, de los gastos realizados en esa comunidad autónoma tergiversó los datos nacionales de déficit y de deuda de España a lo largo de varios años. Por ejemplo, en 2011, el déficit declarado fue de un 3,68% del PIB, unos 3.600 millones de euros, cifra que fue elevada por el Ministerio de Hacienda posteriormente hasta el 4,5%.

Las pesquisas arrancaron cuando la agencia estadística europea detectó que la Comunidad Valenciana había ocultado “considerables gastos sanitarios” y no había respetado el principio de devengo de las normativas españolas y comunitarias durante 23 años, entre 1988 y 2011.

El recurso interpuesto el pasado 22 de septiembre por parte del Gobierno español pide al Tribunal de la UE que “anule” la decisión adoptada por la Comisión el pasado 11 de julio. Si prospera, el proceso sancionador, que podría saldarse con multas de hasta el 0,2% del PIB español (más de 2.000 millones de euros), quedaría anulado.

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