En el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Valencia celebrado este lunes, quedó claro que los partidos políticos con representación no logran un consenso para sacar adelante la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El Partido Popular no ha logrado el apoyo de su socio de gobierno, Vox, ni de la oposición, representada por Compromís y PSPV, lo que complica la aprobación de la ordenanza. Con el mes de diciembre avanzando, las repercusiones de no contar con la ZBE en 2026 podrían afectar económicamente a los ciudadanos.
Un primer efecto podría ser la pérdida de ayudas estatales de entre 35 y 40 millones de euros para el transporte público urbano, ya que estas están ligadas a la ZBE. Como advirtieron desde Compromís y PSPV, de cerrarse esa fuente de financiación, el bonobús podría aumentar en 3,40 euros, llevando su precio de 5,1 euros a 8,5 euros, según Borja Sanjuan, portavoz del PSPV.
Además, el presupuesto municipal podría enfrentar una reducción del 10%, ya que la oposición calcula que el Ayuntamiento tendría que devolver las ayudas europeas y enfrentar posibles multas por no implementar la ZBE.
En cuanto a las obras ya realizadas, la ciudad podría verse obligada a reintegrar 57,8 millones de euros de financiación europea utilizados en proyectos como la ampliación de espacios para peatones y la adquisición de autobuses eléctricos. Asimismo, la instalación de cámaras para la ZBE se encuentra operativa, pero sin una ordenanza aprobada, no se pueden imponer multas.
Si no se aprueba la normativa, el municipio no solo debería devolver los 57,8 millones de euros, sino también podría enfrentar multas equivalentes al 100% de la subvención recibida, con un posible máximo del 300%, según los criterios del Ministerio, como recordaron desde Compromís. A esto se añadirían pérdidas por fondos de los billetes SUMA, lo que totalizaría una posible pérdida de 155,6 millones de euros para el Consistorio.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha mencionado la posibilidad de recurrir a acciones legales si el bloqueo persiste. En noviembre pasado, advirtió sobre el riesgo que representa no aprobar la ordenanza y afirmó que, de producirse sanciones europeas, se considerarían acciones judiciales que podrían tardar años en resolverse.
Borja Sanjuan, del PSPV, destacó que Valencia podría convertirse en la única gran ciudad de España sin esta medida, lo que significaría pérdidas económicas considerables y un aumento del coste del transporte público. Papi Robles, de Compromís, subrayó la importancia de la medida para reducir la contaminación y cumplir con la normativa europea, además de evitar pérdidas económicas. Mientras tanto, Catalá mantiene su postura de que la ZBE no es imprescindible, lo que ha generado críticas en torno al riesgo económico y de salud para los habitantes de Valencia.
