En Valencia se lleva a cabo una fuerte ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, logrando cerrar más de 1.000 en el último año y medio. A través del trabajo conjunto de los departamentos de Urbanismo y la Policía Local, la ciudad ha implementado medidas estrictas. La administración local, encabezada por la alcaldesa María José Catalá, ha impulsado una moratoria en la concesión de licencias para estas viviendas hasta que se apruebe una nueva normativa, considerada la más restrictiva de España.
Catalá ha solicitado al Gobierno central la creación de una ventanilla única para el registro de apartamentos y ha señalado la necesidad de implementar sistemas informáticos que monitoricen la publicidad engañosa en plataformas digitales. Según Catalá, el ministerio de Consumo ha reaccionado tarde al bloquear tales anuncios, aunque considera positiva la medida.
En poco más de un año y medio, se han intensificado las inspecciones y las órdenes de cierre, lo que ha resultado en la clausura de más de 1.000 apartamentos. “Estamos tomando acciones concretas para enfrentar el problema social que generan los apartamentos turísticos ilegales y desarrollando una normativa que propicie seguridad jurídica”, declaró Catalá.
Durante este periodo, Valencia ha reforzado la vigilancia con cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de la Policía Local dedicados a rastrear actividades de hospedaje ilegal en la ciudad. La Policía Local ha expuesto más de 700 actas de denuncia por falta de permisos adecuados, un número significativamente mayor en comparación con las 84 denuncias de 2023 y las 73 de 2022.
Un protocolo de actuación ha sido implementado por la Policía Local y el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento. Cuando se recibe una denuncia, se verifica la legalidad de la vivienda y se identifica al propietario a través del IBI en caso de ser necesario.
El auge de los apartamentos turísticos comenzó en 2015 con la administración de Ribó y el PSOE, que inscribieron más de 4.500 apartamentos hasta 2023. Hasta el 2018, la normativa urbanística cambió para permitir apartamentos en locales comerciales, algo previamente prohibido.
