El Ayuntamiento refuerza la vigilancia con equipos mixtos de inspectores y Policía Local para frenar la proliferación de viviendas turísticas sin licencia.
Valencia, 20 de octubre de 2025. — El Ayuntamiento de Valencia ha clausurado más de un millar de apartamentos turísticos ilegales en el último año y medio, dentro de un plan intensivo de control destinado a frenar la actividad irregular y la saturación turística en varios barrios de la ciudad.
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha afirmado que la capital “pone freno a los apartamentos turísticos” y ha recordado que la actual corporación municipal aprobó una moratoria en la concesión de licencias mientras se tramita una nueva normativa reguladora con cuatro niveles de control, que —según asegura— “será la más restrictiva de España”.
“Con el endurecimiento de las inspecciones y las órdenes de cese de actividad, hemos logrado cerrar más de mil pisos turísticos ilegales en poco más de un año y medio”, ha señalado Giner.
🔹 Refuerzo de inspectores y Policía Local
El consistorio ha creado cinco grupos de inspectores de obras y licencias urbanísticas y siete equipos de la Policía Local que recorren la ciudad en busca de viviendas que operan como alojamientos turísticos sin autorización.
Gracias a este operativo conjunto, se han detectado cientos de infracciones en zonas donde la presión turística es mayor, como el Centro Histórico, Ruzafa, El Cabanyal o el Eixample.
“Tras ocho años de parálisis de los anteriores gobiernos, ahora contamos con equipos que rastrean de forma constante toda la ciudad para identificar apartamentos irregulares”, ha destacado el concejal.
🔹 Más de 800 denuncias en un año y medio
La Policía Local de Valencia, a través de sus comisarías de proximidad, ha tramitado más de 800 actas de denuncia por irregularidades en pisos turísticos.
La mayoría corresponden a viviendas sin licencia o sin registro turístico, algo obligatorio para ejercer la actividad. Solo en el último año y medio se han presentado más de 700 denuncias, frente a las 84 registradas en 2023 y las 73 de 2022.
🔹 Coordinación e identificación de propietarios
El protocolo de actuación entre la Policía Local y el Servicio de Licencias Urbanísticas permite identificar rápidamente a los titulares de los inmuebles.
Cuando se recibe una denuncia, los agentes se desplazan al domicilio, recogen los datos de los ocupantes y determinan en qué plataforma se realizó la reserva. Si el alojamiento no está legalizado, se levanta acta y, mediante el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), se localiza al propietario para iniciar el proceso sancionador.
🔹 Hacia una normativa más estricta
La futura ordenanza municipal incluirá nuevos requisitos, limitaciones por distritos y controles reforzados, con el objetivo de garantizar la convivencia vecinal y proteger el acceso a la vivienda.
“Queremos acabar con un problema social que afecta tanto a los vecinos como al mercado del alquiler. Lo haremos con una regulación clara, firme y segura jurídicamente”, ha subrayado Giner.
