España paga más de 10,5 millones de pensiones, destina casi 14.500 millones de euros mensuales a las prestaciones contributivas y afronta un importante aumento del gasto por el envejecimiento. Mientras Sánchez acusa a la oposición de preparar recortes, el PP promete mantener el IPC y Vox defiende estudiar un sistema mixto. Analizamos qué está acreditado y qué sigue siendo una incógnita.
¿Van a recortar las pensiones después de las elecciones del 29 de noviembre? ¿Está realmente en riesgo el sistema público español? ¿Y de dónde sale el dinero con el que se pagan las prestaciones cada mes?
Estas preguntas han adquirido una nueva dimensión después de la polémica protagonizada por Pedro Sánchez y el programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez.
El presidente del Gobierno ha utilizado un fragmento televisivo para acusar al Partido Popular y Vox de querer ocultar sus intenciones hasta después de las elecciones.
Pero detrás del enfrentamiento político existe una realidad económica que afecta a millones de jubilados y trabajadores.
Los datos de la Seguridad Social y los informes de la AIReF permiten distinguir entre la situación actual del sistema, los riesgos futuros y las propuestas políticas que se están planteando.
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El origen de la polémica: un consejo de Eduardo Inda en Horizonte
Todo comenzó durante la emisión del miércoles 14 de octubre.
En el programa Horizonte, el periodista Eduardo Inda aconsejó al Partido Popular que evitara hablar de pensiones durante la campaña electoral.
El comentario llegó después de que Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, defendiera que el sistema necesita una reforma para evitar problemas de sostenibilidad.
Inda consideró que el asunto podía resultar electoralmente perjudicial y recomendó que el partido aplazara su debate público.
Pedro Sánchez compartió un fragmento de la intervención en X y acusó a PP y Vox de pretender engañar a los jubilados hasta el 29 de noviembre para después recortar las pensiones.
La interpretación del presidente ha generado una controversia adicional sobre el contexto del vídeo.
Desde el entorno del programa se ha cuestionado que el fragmento difundido refleje íntegramente la conversación.
En cualquier caso, las declaraciones de un periodista no constituyen por sí solas un programa electoral ni acreditan la existencia de un acuerdo entre dos partidos.
¿Qué ha dicho realmente el Partido Popular?
La portavoz popular Ester Muñoz ha advertido de que el sistema actual puede sufrir problemas graves si no se introducen cambios.
Su posición parte de la preocupación por el envejecimiento de la población y el incremento del gasto.
Sin embargo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que mantendrá la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
La cuestión pendiente es conocer qué reformas concretas propone el partido.
Modificar las fuentes de financiación, las cotizaciones o los incentivos para retrasar la jubilación no tiene necesariamente las mismas consecuencias que reducir las pensiones actuales.
Por eso, para valorar cualquier propuesta es necesario conocer su contenido y a qué generaciones afectaría.
¿Qué plantea Vox?
Vox ha defendido la necesidad de reformar el sistema y ha planteado fórmulas que combinen el reparto público con mecanismos de capitalización.
El modelo de reparto utiliza los ingresos actuales para financiar las prestaciones de los pensionistas.
La capitalización permite acumular aportaciones para financiar una prestación futura.
Ambos mecanismos pueden coexistir, aunque la transición requiere resolver cómo se siguen pagando las pensiones de quienes ya están jubilados.
La portavoz parlamentaria de Vox ha afirmado que las prestaciones deben continuar abonándose, al tiempo que mantiene abierta la posibilidad de cambios estructurales.
No se ha acreditado en la información consultada un acuerdo cerrado entre PP y Vox que establezca una reducción concreta de las pensiones después del 29 de noviembre.
La realidad: más de 9,5 millones de pensionistas
España abonó en septiembre de 2026 un total de 10.547.417 pensiones contributivas a más de 9,5 millones de personas, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La nómina mensual alcanzó los 14.498,2 millones de euros, una cantidad que refleja la enorme dimensión económica del sistema público de pensiones.
Las prestaciones de jubilación representan la mayor parte del gasto, aunque la Seguridad Social también abona pensiones de viudedad, incapacidad permanente, orfandad y favor de familiares.
¿Cuánto cobra realmente un pensionista?
La pensión media del conjunto del sistema se situó en 1.374,6 euros mensuales, mientras que la pensión media de jubilación alcanzó los 1.576,1 euros.
Sin embargo, estas cantidades son promedios estadísticos y no representan necesariamente lo que cobra cada pensionista.
Existen diferencias importantes según los años cotizados, las bases de cotización, la edad de jubilación, el régimen de la Seguridad Social y las circunstancias laborales de cada trabajador.
También hay que distinguir entre pensiones contributivas, no contributivas, mínimas y máximas, porque sus requisitos y cuantías son diferentes.
¿En qué se gastan los 14.498 millones mensuales?
Las pensiones de jubilación concentran aproximadamente el 73,5% de la nómina contributiva. Por ello, cualquier reforma de su financiación tiene especial importancia para el conjunto del sistema.
El dato que explica el desafío futuro
España contaba a mediados de septiembre con aproximadamente 22,4 millones de afiliados desestacionalizados a la Seguridad Social.
Esto equivale, de forma orientativa, a unos 2,35 afiliados por pensionista, aunque la comparación no constituye una medida exacta de sostenibilidad.
La dificultad principal aparece al proyectar las próximas décadas: aumentará el número de jubilados por la retirada de las generaciones del baby boom, mientras que las prestaciones deberán financiarse mediante cotizaciones y otros recursos públicos.
Por eso, el debate económico no consiste únicamente en saber si las pensiones se pagarán el próximo año, sino en determinar cómo sostenerlas durante las próximas décadas.
¿Cuánto costarán las pensiones en 2050?
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva años advirtiendo de que el envejecimiento de la población española incrementará considerablemente el gasto en pensiones durante las próximas décadas.
El desafío no consiste únicamente en pagar las prestaciones actuales, sino en garantizar que el sistema pueda seguir financiando las jubilaciones de millones de trabajadores que todavía están en activo.
Según las proyecciones publicadas por la AIReF en 2025, el gasto público en pensiones podría pasar del 12,9% del PIB en 2023 al 16,1% en 2050.
Evolución prevista del gasto en pensiones
12% del PIB13,25% del PIB14,5% del PIB15,75% del PIB17% del PIB202320502070
Proyecciones demográficas y presupuestarias de AIReF publicadas en 2025. No representan gasto observado ni predicciones incondicionales.
La diferencia entre 2023 y 2050 sería de 3,2 puntos del PIB. Es un incremento significativo, porque representa una proporción mayor de toda la riqueza generada anualmente en España.
Sin embargo, un aumento del gasto no significa automáticamente que el sistema vaya a quebrar. La evolución dependerá también de los ingresos por cotizaciones, los impuestos, el crecimiento económico, la productividad y las decisiones de política presupuestaria.
La AIReF advierte: cumplir la regla no garantiza la sostenibilidad
El 29 de mayo de 2026, la AIReF publicó un nuevo estudio sobre la regla de gasto en pensiones.
Su conclusión fue especialmente relevante: España cumple formalmente el indicador establecido en la legislación, pero ese cumplimiento no garantiza la sostenibilidad del conjunto de las finanzas públicas.
ESTUDIO AIReF · MAYO DE 2026
Escenario de políticas constantes sin aplicación correctora de las reglas fiscales. La deuda proyectada corresponde al conjunto de las administraciones públicas, no exclusivamente a las pensiones.
La diferencia es importante.
El gasto bruto representa el coste previsto de las pensiones. El gasto neto utilizado por la regla descuenta el impacto estimado de determinadas medidas de ingresos aprobadas para reforzar el sistema.
Por eso, que el indicador se sitúe por debajo del umbral legal no equivale a que todas las obligaciones futuras estén financiadas sin dificultades.
La AIReF recomienda mejorar la regla y relacionarla de manera más directa con la sostenibilidad global de las cuentas públicas.
¿Qué reformas se han introducido para financiar las pensiones?
Durante los últimos años se han aprobado medidas para reforzar los ingresos y modificar progresivamente las condiciones de jubilación.
Entre ellas destacan el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el incremento gradual de determinadas cotizaciones, la cotización adicional de solidaridad para salarios elevados y los incentivos para retrasar voluntariamente la jubilación.
El objetivo de estas medidas es incrementar los recursos disponibles y repartir parte del esfuerzo de financiación a lo largo del tiempo.
Sin embargo, también tienen consecuencias económicas.
El aumento de las cotizaciones puede elevar los costes laborales de las empresas y reducir, dependiendo de cómo se distribuya, la renta disponible de algunos trabajadores. Por otra parte, una mayor recaudación contribuye a financiar las prestaciones sin necesidad de reducirlas.
La valoración de estas medidas exige estudiar conjuntamente sus efectos sobre el empleo, los salarios, la recaudación y el gasto futuro.
¿Son suficientes los salarios y las cotizaciones actuales?
El aumento de afiliados y de ingresos por cotizaciones mejora la financiación, pero el número de trabajadores no es el único factor determinante.
Un sistema con muchos empleos de salarios reducidos puede recaudar proporcionalmente menos que otro con salarios más altos y mayor productividad.
También influye la duración de las carreras profesionales.
Los periodos de desempleo, la temporalidad, los contratos parciales y las interrupciones laborales afectan a las cotizaciones y, posteriormente, a las pensiones reconocidas.
Esto plantea un desafío adicional para los trabajadores jóvenes: no solo deberán contribuir a financiar las prestaciones actuales, sino que necesitarán construir carreras de cotización suficientes para acceder a sus propias jubilaciones.
¿Qué diferencia hay entre las pensiones actuales y las futuras?
Es importante distinguir tres situaciones.
Los pensionistas actuales ya tienen reconocida una prestación cuya cuantía y revalorización están reguladas por la legislación vigente.
Los trabajadores próximos a jubilarse dependen de las reglas de cálculo aplicables cuando accedan a la prestación, incluidos los periodos transitorios.
Los trabajadores jóvenes tienen un horizonte temporal mucho más largo y están expuestos a posibles reformas futuras de cotizaciones, edades de jubilación y fórmulas de cálculo.
Una reforma puede afectar de manera distinta a estos tres grupos.
Por ejemplo, mantener la actualización de las pensiones actuales con el IPC es compatible con modificar las cotizaciones de los trabajadores o las reglas aplicables a futuras jubilaciones.
Por eso, cuando un partido promete no recortar las pensiones, resulta necesario conocer exactamente a qué prestaciones, generaciones y conceptos se refiere.
¿Qué defienden PSOE, PP y Vox?
La polémica electoral ha puesto de manifiesto diferencias entre las formaciones políticas, aunque no todas han concretado completamente sus propuestas.
| Formación | Posición pública conocida |
|---|---|
| PSOE | Defiende la revalorización con el IPC y las reformas orientadas a reforzar los ingresos del sistema. |
| PP | Feijóo promete mantener la actualización con el IPC y garantizar el sistema público, sin descartar reformas estructurales todavía no detalladas. |
| Vox | Ha planteado cambios hacia fórmulas mixtas de reparto y capitalización, manteniendo el debate sobre la financiación futura. |
Feijóo reiteró el 15 de octubre que actualizaría las pensiones conforme al IPC, después de la controversia generada por las declaraciones de su portavoz parlamentaria.
Pedro Sánchez, por su parte, ha asegurado que pretende aprobar la revalorización de 2027 antes de terminar el año, incluso si el Gobierno estuviera en funciones tras las elecciones. La subida definitiva todavía no está fijada, porque depende del dato de inflación correspondiente.
Cadena SER
No se ha acreditado mediante las declaraciones examinadas un acuerdo conjunto de PP y Vox para reducir las pensiones después del 29 de noviembre. La acusación de Sánchez debe presentarse como una interpretación política, no como una decisión anunciada por ambos partidos.
¿Qué pasaría si España cambiara a un sistema mixto?
Un sistema mixto puede combinar una pensión pública financiada mediante reparto con instrumentos de ahorro o capitalización.
En términos generales, existen tres grandes cuestiones económicas.
La primera es la financiación de la transición. Si una parte de las cotizaciones actuales se destinara a cuentas de capitalización, sería necesario determinar cómo se seguirían pagando las pensiones ya reconocidas.
La segunda es el riesgo financiero. Las prestaciones vinculadas al ahorro invertido pueden depender de los rendimientos obtenidos, de las comisiones y de las condiciones de los mercados.
La tercera es la desigualdad entre trabajadores. Quienes tienen salarios elevados y carreras laborales continuadas suelen disponer de mayor capacidad de ahorro que quienes acumulan periodos de desempleo o ingresos reducidos.
No obstante, existen diferentes diseños posibles de sistemas mixtos. Sus efectos dependen de la proporción pública y capitalizada, de las garantías establecidas y de su financiación.
¿Pueden bajar las pensiones en España?
Hay que distinguir entre una reducción nominal, una pérdida de poder adquisitivo y una modificación de las futuras prestaciones.
Una reducción nominal supondría cobrar menos euros que antes.
Una pérdida de poder adquisitivo puede producirse si los precios aumentan más que la pensión percibida.
Una modificación de las pensiones futuras puede afectar a las condiciones de acceso, a la base reguladora o a los años necesarios para obtener determinadas cuantías.
Son situaciones distintas y no deberían utilizarse indistintamente en el debate político.
Actualmente, la legislación española contempla la actualización general de las pensiones contributivas con el IPC.
Cambiar sustancialmente ese mecanismo requeriría modificar el marco normativo correspondiente.
¿Cuánto podrían subir las pensiones en 2027?
La revalorización definitiva de 2027 todavía no está determinada.
El cálculo general depende de la evolución media del IPC durante el periodo de referencia legal.
Según las previsiones de Funcas recogidas el 15 de octubre, la subida podría situarse alrededor del 3,52%, pero se trata de una estimación, no de una cuantía aprobada.
Simulación de una subida del 3,52%
Ejemplos orientativos para 2027, no importes oficiales.
| Pensión actual | Aumento | Nueva pensión |
| 800 € | +28,16 € | 828,16 € |
| 1000 € | +35,20 € | 1035,20 € |
| 1200 € | +42,24 € | 1242,24 € |
| 1500 € | +52,80 € | 1552,80 € |
| 1800 € | +63,36 € | 1863,36 € |
| 2000 € | +70,40 € | 2070,40 € |
| 2500 € | +88,00 € | 2588,00 € |
Importes mensuales brutos hipotéticos, antes de impuestos y sin reglas especiales para mínimos, máximos o complementos.
Una subida porcentual idéntica produce incrementos absolutos diferentes.
Por ejemplo, un aumento del 3,52% representa 28,16 euros mensuales para una pensión de 800 euros y 88 euros para una de 2.500 euros.
Esta diferencia explica por qué el debate sobre las pensiones mínimas y las prestaciones más reducidas es distinto del debate sobre la revalorización general.
¿Está España condenada a recortar las pensiones?
Los datos no permiten afirmar que exista un recorte inevitable ni que la financiación futura esté completamente resuelta.
El sistema dispone de una amplia base de cotizantes, ingresos públicos y mecanismos legales para adaptar su financiación.
Al mismo tiempo, el envejecimiento de la población y el incremento previsto del gasto obligan a evaluar continuamente las necesidades de recursos.
La AIReF advierte de riesgos fiscales a largo plazo, pero sus proyecciones dependen de las políticas que se mantengan y de cómo evolucionen la economía y la población.
Las decisiones que se adopten pueden modificar esos resultados.
Conclusión: el debate real no termina el 29 de noviembre
Las pensiones constituyen uno de los compromisos económicos más importantes del Estado español y una fuente esencial de ingresos para millones de hogares.
Los datos oficiales muestran que España continúa abonando más de 10,5 millones de pensiones, que los ingresos por cotizaciones crecen y que existe un mecanismo legal para actualizar las prestaciones conforme al IPC.
Pero también muestran que el gasto aumentará por el envejecimiento y que será necesario mantener una financiación suficiente durante las próximas décadas.
La controversia entre Sánchez, PP y Vox se desarrolla sobre esta realidad.
Las preguntas fundamentales para cualquier propuesta de reforma son cuánto costará, quién la financiará, qué prestaciones afectará y qué consecuencias tendrá para los jubilados actuales y las generaciones que todavía trabajan.
El 29 de noviembre se celebrarán elecciones, pero los compromisos de financiación de las pensiones se extenderán durante décadas.
La sostenibilidad del sistema no puede medirse únicamente por una declaración electoral ni por un indicador aislado: exige examinar conjuntamente prestaciones, cotizaciones, impuestos, empleo, demografía y deuda pública.
La cuestión decisiva no es solo cuánto cobrarán los pensionistas el próximo año, sino cómo garantizar prestaciones suficientes y financiables a lo largo del tiempo.
Fuentes de contraste
El reportaje utiliza estadísticas de la Seguridad Social y las evaluaciones de la AIReF, además de información publicada el 15 de octubre sobre la polémica de Horizonte y las declaraciones de los dirigentes políticos. Para el análisis fiscal, puede consultarse el estudio oficial de la AIReF de mayo de 2026. Las posiciones políticas están documentadas en las informaciones sobre la polémica televisiva y la respuesta de Feijóo.
Propuesta de publicación: este reportaje puede funcionar como artículo principal de análisis económico y político, manteniendo los gráficos y las estadísticas como elementos destacados entre los apartados.
