La Sindicatura de Comptes ha estimado que la falta de aprobación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valencia podría causar una pérdida de hasta 31 millones de euros en fondos europeos. Este cálculo se debe a la posibilidad de que el Ayuntamiento tenga que devolver dinero al Ministerio de Transportes o a la Comisión Europea si no se implanta esta ordenanza dentro del plazo acordado, que vence en enero de 2026.
El informe del organismo, encargado de fiscalizar las cuentas públicas, detalla que la tramitación de la ZBE en la Comunitat Valenciana se ha visto frenada debido a la oposición de Vox en el pleno municipal del pasado 28 de octubre. Esta decisión podría afectar las restricciones que deberían entrar en vigor el 31 de diciembre de 2025.
La Sindicatura destaca que dos líneas de financiación del gobierno, destinadas a la ZBE de Valencia, están en riesgo. Estas corresponden a 6.936.469 euros para la implantación de la zona y 1.629.523 euros para actuaciones complementarias.
Además, el informe advierte que si la ZBE no está operativa el 1 de enero de 2026, el Ayuntamiento podría infringir el artículo 57 de la Ley General de Subvenciones, lo que podría acarrear una multa equivalente al doble del importe mal utilizado. Según esto, la sanción podría alcanzar 17,1 millones de euros.
El síndic de Comptes explica que el riesgo de reintegro se centra en las actuaciones directamente relacionadas con la ZBE. Aunque el proyecto podría estar completo al finalizar 2025, su pleno desarrollo es condición para el cumplimiento de los objetivos de movilidad sostenible. Esto podría llevar incluso a la devolución de 14 millones de euros adicionales al Ministerio de Transportes.
La situación ha generado confusión respecto al dinero en juego. Las pérdidas podrían alcanzar los 150 millones de euros, considerando tanto las subvenciones no utilizadas como potenciales multas. Sin embargo, la alcaldesa María José Catalá ha expresado su intención de defender la implementación de la ZBE incluso en tribunales, subrayando que, aunque las cámaras están instaladas desde el 1 de diciembre, no se pueden imponer sanciones sin una ordenanza aprobada.
En este contexto, el desenlace dependerá de las decisiones del Ministerio, mientras el Ayuntamiento continúa preparándose para posibles ramificaciones legales.
