El Ayuntamiento de Valencia intensifica la presión sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para asegurar la viabilidad técnica del proyecto que propone conectar el Poyo y la Saleta con el nuevo cauce del Turia. El portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, tras la Junta de Gobierno Local celebrada el jueves, ha enfatizado que se requiere un estudio que garantice que los nuevos encauzamientos no comprometerán el caudal actual del Turia. Advirtió sobre el riesgo de un posible colapso del canal si no se verifica previamente su capacidad para manejar los caudales adicionales.
Caballero, reiterando un llamado previo de la alcaldesa María José Catalá, ha solicitado a la CHJ que compruebe mediante estudios que el plan de canalización no perjudicará a los vecinos de Valencia y sus pedanías. También ha sugerido que, de ser necesario, se apliquen medidas correctoras para garantizar la seguridad ante posibles inundaciones.
El portavoz municipal destacó las iniciativas del gobierno local, como la inclusión de obras de canalización del Poyo y la Saleta en la licitación del plan integral de prevención y predicción de inundaciones de Valencia. Asimismo, se ha categorizado a Horno de Alcedo, Castellar-l’Oliveral y La Torre como zonas de riesgo, en contraste con el proyecto previo del alcalde Ribó que las había excluido.
Caballero también mencionó el anuncio de la alcaldesa sobre la incorporación de expertos de la Universitat de València y la Politècnica para evaluar el impacto del nuevo plan en el canal del Turia. Resaltó la intención del Ayuntamiento de obtener el criterio de los especialistas universitarios sobre cómo las obras podrían afectar al caudal del Turia y qué acciones debería tomar la Confederación para reforzar el Plan Sur.
El edil destacó la preocupación manifestada por dos de las asociaciones vecinales de pedanías afectadas tras el desastre del 29 de octubre. Señaló que el Ayuntamiento comparte esta preocupación, extendiéndola también al resto de la ciudad, incluyendo el casco urbano. Caballero subrayó que la inquietud sobre potenciales inundaciones es una cuestión prioritaria tratada en reuniones con entidades residenciales, calificándola como una demanda firme del Consistorio.
