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Todos los puentes dañados por la DANA estarán reparados antes del aniversario del desastre
La comisión de estudio de la gestión de la DANA de la Diputación de Valencia ha realizado una evaluación de los proyectos de emergencia para la red de carreteras provincial. Este ha sido el principal foco de inversión, considerando que los daños en las vías e infraestructuras del 29 de octubre fueron significativos. Según datos de la Diputación, el presupuesto ya supera los 83 millones de euros.
La DANA afectó 1.100 kilómetros de la red local de carreteras, dañando 154 puentes y 218 pontones en distintos grados. Muchos de los trabajos para restaurar estas infraestructuras ya han comenzado. Javier Piedra, director del Área de Carreteras, anticipa que todos los puentes estarán reparados en octubre, antes del primer aniversario del desastre. Algunos puentes estarán listos antes del verano.
En cuanto a la reparación de carreteras, se espera que la mayoría estén finalizadas este año. No obstante, dos demarcaciones, Villar del Arzobispo y Buñol, tendrán obras que continuarán en 2026 debido a la complejidad de los proyectos. Inicialmente, los técnicos de la Diputación habían estimado un presupuesto de 53,4 millones para 37 obras de emergencia en carreteras, pero tras analizar y comenzar muchos de los proyectos, la inversión ha aumentado significativamente, alcanzando 83,5 millones de euros.
La Diputación ha certificado el 37% de las acciones, valoradas en más de 30 millones de euros, cifra que crece mensualmente al avanzar las obras.
Una polémica ha surgido en torno a la contratación de empresas vinculadas con casos de corrupción. Dolors Gimeno, diputada de Compromís, ha pedido información sobre los criterios de contratación al asegurar que un tercio de los contratos involucran a empresas con antecedentes en este tipo de tramas. El técnico aclaró que ninguna de las empresas que trabaja con la Diputación de Valencia tiene prohibición de contratar con la administración pública. Reme Mazzolari, diputada de Carreteras, solicitó a Gimeno que dirija estas preocupaciones también al Gobierno de España, dado que «a Tragsa se le adjudican obras de los ayuntamientos y también aparece en informaciones por sus implicaciones».
