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Ocho meses sin ascensores para salir a la calle
Carmen Bellver, de 81 años, recibe con una sonrisa en lo alto de la escalera de su apartamento en Massanassa. Baja a la calle con gran dificultad usando una silla oruga, que según su hija Anna, “les ha salvado la vida”. La compraron pese a su precio de 3.000 euros, ya que el edificio no cuenta con un ascensor en funcionamiento, una situación que afecta a un millar de edificaciones tras ocho meses de la devastadora DANA.
La hija de Carmen comenta que esperan tener un nuevo elevador “a finales de año”, ya que el anterior quedó irremediablemente dañado el 29 de octubre al estar sumergido en lodo y agua. Carmen, que reside en un segundo piso, padece diabetes y una rotura de pelvis, lo que complica su movilidad. Su caso está en revisión para recibir ayuda por dependencia.
Carmen recuerda con añoro cómo disfrutaba de salir a comprar y realizar diversas actividades fuera de casa. Después de la rotura de pelvis, le resultó más difícil moverse, aunque gracias a la silla oruga ha logrado, con esfuerzo y la ayuda de dos personas, salir de paseo y fortalecer sus piernas en la piscina. Sin embargo, echa en falta la movilidad que tenía antes, cuando podía valerse de un andador para desplazarse.
La falta de ascensor ha supuesto retrasos, agravados por la tardanza en recibir el pago del Consorcio de Seguros. Además, los presupuestos para las reparaciones del garaje y el ascensor no dejan de aumentar. “El ascensor sería maravilloso”, dice Carmen, mientras Anna comparte que su madre se ríe al recordar las peripecias con la silla eléctrica, que no es fácil de manejar. “Son muchos meses sin poder bajar a la calle con normalidad”, añade Anna, y su madre afirma que lo primero que hará cuando el ascensor funcione será “salir a pasear”. Por ahora, se entretiene con películas y programas de televisión.
Según Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, la DANA dejó inoperativos unos 7.500 ascensores, de los cuales aún queda un millar por reparar. La previsión es concluir estas labores hacia finales de año, lo que significará que algunos vecinos completarán un año entero sin elevador.
Para agilizar los trabajos, se ha solicitado a los Ayuntamientos priorizar casos que involucren a personas mayores o con movilidad reducida. Hasta ahora, se han identificado 125 casos prioritarios, un número que sigue aumentando. La pregunta sigue siendo si es posible acelerar las reparaciones y controlar los precios para evitar abusos contra las comunidades.
Emilio Carbonell, presidente de la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana (Ascencoval), señala que la cuestión de los precios es un asunto entre la empresa contratada y el administrador de la finca, pero anima a las comunidades a comparar ofertas. Destaca que hay alrededor de 50 empresas en Valencia, todas con tarifas y procesos propios, por lo que aconseja buscar otras propuestas en este mercado regulado pero libre.
Entre las complicaciones para acelerar las reparaciones, está la personalización de los ascensores, que rara vez tienen un modelo estándar. “Es como las casas, que no son iguales”, explica Carbonell, indicando que las medidas de los huecos, el número de puertas y el sistema de tracción influyen en el tiempo y costo de las reparaciones.
La disponibilidad de piezas es otro desafío. A veces, es necesario investigar si todavía existe el fabricante de una puerta dañada, y si no es así, crear una nueva. Esto contribuye a los retrasos actuales en las reparaciones.
Carbonell también menciona que el intrusismo en el sector es un problema residual debido a la estricta regulación y formación requerida. Además, reivindica que el sector debería ser considerado “esencial” para garantizar una respuesta rápida en situaciones de emergencia que afecten a personas con movilidad reducida. Asimismo, aboga por que las instalaciones de los ascensores estén situadas en las partes superiores de los edificios.
