La Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar califica de escándalo la adquisición de tres nuevas viviendas en la calle San Pedro por parte del Ayuntamiento de Valencia por un importe de 240.000 euros para derribarlas con el fin de ejecutar el bulevar de San Pedro, según un comunicado de la organización vecinal.
En el documento recuerda que ¨ el plan del Cabanyal- Canyamelar es a todas luces ilegal como han sancionado diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Sentencias que el consistorio ha recurrido y perdido una tras otra y de las que tan solo queda la resolución del recurso que ha presentado frente al Supremo, de la última sentencia dictada en su contra por la Audiencia Nacional.
Para la entidad vecinal la compra de las nuevas viviendas ¨ roza la inmoralidad por el hecho de que mientras se obceca en mantener suspendidas cautelarmente las licencias que solicitan los vecinos y empresarios del Cabanyal, con el consiguiente perjuicio económico y patrimonial, con el argumento de que no pueden concederse pues supondrían la ejecución del PEPRI. Un plan que el ayuntamiento entiende suspendido en su totalidad, al mismo tiempo que dedica el escaso presupuesto municipal para comprar casas cuya única finalidad es derribarlas para ejecutar dicho plan; casas que el día siguiente de ser adquiridas se convierten en auténticos polvorines y focos de degradación de su entorno¨
Los vecinos le recuerdan al vicealcalde, Alfonso Grau, su compromiso de convocar una reunión para seguir el llamado PLAN + CABANYAL, con UNITS PEL CABANYAL, ¨un colectivo al que parece haber perdido todo su respeto y reconocimiento inicial¨, comentan.
La asociación también hace un relato en su comunicado de la imagen de la gran mayoría de las casas del Cabanyal sitas en la zona de la prolongación y en otros núcleos donde presuntamente se tráfico con droga.
¨Son casas, en muchos casos protegidas por el PGOU, que no solo entran en un proceso casi irreversible de “putrefacción”, en las que se practican toda suerte de trampas mortales para su subsistencia, dejando abiertas sus ventanas y practicando huecos en sus tejados para que penetre la lluvia, derribando su interior, etc; sino que además la multitud de problemas de degradación que las atenaza, se transmite a las de sus vecinos que aún mantienen en manos privadas, con el consiguiente perjuicio para sus propietarios. Lo peor que le puede pasar en estos momentos a una comunidad de propietarios del Cabanyal, es contar entre sus viviendas con una propiedad pública (Ayuntamiento, Aumsa, Plan Cabanyal-Canyamelar) que se resiste a pagar los gastos de escalera y contribuir al mantenimiento del edificio.
Además, apunta que el ¨ayuntamiento se acoja al artículo 20 de la Ley del IVA para dejar de pagar dicho impuesto en estas trasmisiones, con el argumento de que se trata de solares con destino a vial. Hay que recordarle al ayuntamiento que ese destino tan solo lo prevé un plan, el PEPRI, que está suspendido únicamente en esas operaciones que producen expolio, como estos “deseados” derribos municipales. Una suspensión que en este caso no es cautelar, sino definitiva, por una Orden Ministerial que el ayuntamiento incumple a día de hoy, por más que esté pendiente la resolución del que será el último recurso¨.
VLC Ciudad/Redacción
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