Vecinos denuncian a una empresa de reformas tras la DANA: más de 30 comunidades sin obras pese a cobrar las ayudas

Comunidades de la zona cero aseguran que una misma empresa ha cobrado decenas de miles de euros del Consorcio de Compensación de Seguros sin ejecutar las reparaciones comprometidas en edificios gravemente dañados.

Más de un año después de la DANA que arrasó buena parte de l’Horta Sud, decenas de comunidades de vecinos siguen viviendo en edificios prácticamente inutilizables. Garajes anegados, ascensores fuera de servicio, trasteros sin puertas y zaguanes deteriorados forman parte del día a día de familias que, pese a haber recibido ayudas públicas, no han visto avanzar las obras de reparación.

El origen del conflicto es común en al menos 30 comunidades de propietarios: la contratación de una misma empresa de reformas, ajena a la Comunitat Valenciana, que se ofreció a encargarse de la reconstrucción tras la catástrofe. Según relatan los afectados, la compañía ha cobrado cantidades que oscilan entre los 40.000 y los 50.000 euros procedentes del Consorcio de Compensación de Seguros, pero apenas ha ejecutado trabajos reales.

“Estamos igual que a las dos semanas de la DANA”

Elisabeth González, vecina de Paiporta y vicepresidenta de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud, resume la situación con crudeza: “Mi edificio está igual que a los quince días de la riada, solo que sin barro porque lo sacaron los voluntarios, pero también sin el dinero del Consorcio”.

En su comunidad, la empresa cobró más de 50.000 euros a finales de 2024. Tras una breve intervención de apenas una semana, los trabajos se paralizaron. El garaje, los trasteros, el zaguán y los ascensores siguen sin rehabilitar, obligando a los vecinos a buscar soluciones alternativas y asumir nuevos gastos.

Contratos sin plazos y certificaciones internas

Los abogados que asesoran a algunas comunidades han detectado un patrón repetido: contratos “mal redactados”, sin plazos claros de ejecución y con certificaciones de obra elaboradas por la propia empresa. Estas certificaciones justificaban cobros elevados por trabajos mínimos o inexistentes, según denuncian los afectados.

Cuando algunas comunidades decidieron bloquear nuevos pagos procedentes del Consorcio, la respuesta fue inmediata. “Nos llamaron para decirnos que, si no cobraban, no volvían”, explica González. Desde entonces, muchas obras permanecen completamente paradas.

Ascensores parados y vecinos atrapados en sus casas

La falta de ascensores es uno de los problemas más graves. En varios edificios viven personas mayores o con movilidad reducida que llevan más de un año sin poder salir de casa con normalidad. En algunos casos, las comunidades han tenido que contratar a otras empresas para poner en marcha los elevadores, asumiendo costes adicionales mientras el dinero de las ayudas ya ha sido gastado.

En Catarroja, Massanassa, Albal o Aldaia se repiten los testimonios. Vecinos que aseguran haber pagado 40.000 euros por trabajos que se reducen a la instalación de una bomba de agua, telefonillos defectuosos o simples limpiezas del garaje.

Un problema que se extiende y se organiza en redes

Ante la falta de respuestas, los afectados han comenzado a organizarse por su cuenta. Grupos de WhatsApp y Facebook reúnen ya a representantes de más de 30 comunidades, aunque la asociación de damnificados sospecha que el número real es mucho mayor.

“Estamos atrapados en un bucle económico y legal”, explica González. “No podemos contratar a otra empresa porque tememos indemnizaciones si rescindimos el contrato, pero tampoco vemos avances”. La situación ha sido trasladada tanto a la Generalitat como a la Delegación del Gobierno, sin que hasta ahora haya llegado una respuesta efectiva.

Posibles acciones legales

Varias comunidades han iniciado ya consultas jurídicas y estudian acciones legales conjuntas. Sin embargo, la falta de fondos dificulta la presentación de demandas colectivas, lo que prolonga la incertidumbre y el deterioro de los edificios.

Mientras tanto, más de un año después de la DANA, muchas fincas de la zona cero siguen siendo el reflejo de una reconstrucción fallida, con ayudas cobradas, obras sin hacer y vecinos que sienten que, además de la riada, han sufrido un abandono institucional.

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