Vía libre a las importaciones de madera ilegal en España, según Greenpeace

Según Interpol y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el comercio de madera procedente de talas ilegales es un negocio muy lucrativo, estimado en más de 22.000 millones de euros al año.

Área de selva deforestada en el Amazonas

Eaerial documentation of Tanjumg National Park degradationntre el 15 y el 30% de toda la madera comercializada en el mundo procede de talas ilegales. En algunas regiones tropicales como la Amazonia, la Cuenca del Congo o el Sudeste Asiático, la tala ilegal puede suponer hasta entre el 50 y el 90% del volumen de madera producida.

Para colaborar con la lucha contra este comercio de destrucción, la Unión Europea aprobó en 2010 el Reglamento de la Madera de la Unión Europea, conocido por las siglas EUTR. Bajo esta legislación, se prohíbe que la madera talada ilegalmente (y sus productos derivados) puedan ser comercializados en el mercado europeo. La ley exige que los importadores de madera que dispongan de sistemas de evaluación de sus proveedores con el objeto de minimizar los riesgos de estar introduciendo madera de procedencia ilegal en su cadena de suministro.

Ayer, 30 de julio, la Comisión Europea hizo público una evaluación sobre el grado de cumplimiento en los estados miembros de la legislación que prohíbe la entrada y comercio de madera ilegal (conocida por las siglas European Timber Regulation o EUTR). Los resultados no arrojan buenas noticias para los bosques: la legislación no ha sido desarrollada en casi la mitad de los países de la UE, estando España entre los países peor valorados.
¿Qué significa esto? Pues que las fronteras de casi la mitad de los países europeos siguen siendo permeables para la entrada de madera procedente de talas ilegales, a pesar de que la UE había decidido poner fin a este comercio de destrucción.

¿Qué está haciendo el gobierno español en este asunto? Tras más de dos años de demora, en la reunión del Consejo Asesor del Medio Ambiente celebrada el pasado mes de marzo, desde el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medioambiente (MAGRAMA) se comprometieron a empezar en dos o tres semanas el proceso de participación pública de un proyecto de Real Decreto que implemente este reglamento europeo. Todavía lo estamos esperando. Hace casi dos meses, Greenpeace España presentó una reclamación formal ante la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, dependiente del MAGRAMA, solicitando la inspección de 5 empresas españolas importadoras de madera tropical de Brasil sospechosas de estar introduciendo en el mercado europea madera procedente de talas ilegales en la Amazonia. Desde este Ministerio se nos ha asegurado varias veces que se va a contestar dicha reclamación. Pero, ha fecha de hoy, no hemos recibido una contestación. Demoras y demoras. Y se acaba la legislatura.
Está claro que desde el gobierno español no hay interés por perseguir el problema de la tala ilegal y la deforestación. Vía libre para las importaciones de madera ilegal.
 

 

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