Vox plantea restricciones adicionales para acceder a la nueva Renta Valenciana de Inclusión

El proyecto de ley de la nueva Renta Valenciana de Inclusión (RVI), impulsado por el Consell, continúa avanzando en Les Corts con enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. Entre ellas destacan las presentadas por Vox, que propone endurecer tanto los requisitos de acceso como las condiciones para mantener la ayuda, especialmente en lo relativo a la población migrante.

Un itinerario de inclusión obligatorio y más exigente

La propuesta inicial del Consell ya contempla que toda persona beneficiaria —incluidos todos los miembros de la unidad familiar— tenga la obligación de seguir un itinerario de inclusión diseñado por los Servicios Sociales. El incumplimiento conllevaría sanciones y la posible pérdida del derecho a la prestación.

Vox quiere que ese itinerario incorpore requisitos adicionales para ciertas personas migrantes, incluyendo “el aprendizaje del idioma, la alfabetización, la participación cultural y convivencial acorde a las costumbres del país”, así como la renuncia a prácticas que el partido considera contrarias a la dignidad de mujeres e infancia. La formación menciona de forma indirecta elementos como el hiyab, cuya presencia ha sido criticada reiteradamente por el partido.

Nuevas infracciones y endurecimiento de las sanciones

El grupo propone modificar los artículos relacionados con las infracciones consideradas graves y muy graves. Entre otras cuestiones, solicita que se incorpore como infracción la ocupación de vivienda sin título habilitante por parte de beneficiarios de la ayuda. El PP ha planteado una medida similar, aunque con distinto grado sancionador.

Asimismo, Vox quiere que se considere infracción muy grave cualquier práctica que interprete como denigrante para mujeres o menores o contraria a los valores de convivencia. El texto vuelve a introducir referencias veladas a símbolos culturales y religiosos utilizados por parte de la población migrante.

Requisitos penales y limitación temporal de la ayuda

Otra de las enmiendas reclama que quienes soliciten la prestación no hayan sido condenados en los doce meses previos por delitos contra la libertad sexual, la inviolabilidad del domicilio, lesiones, homicidio, matrimonio ilegal o delitos contra el patrimonio.

Vox también propone limitar la duración máxima de la RVI a seis años, con renovaciones posibles cada tres. Argumentan que la ayuda no debería convertirse en un apoyo prolongado indefinidamente. El PP coincide parcialmente, aunque acota el cambio únicamente al terreno administrativo previo a una reclamación judicial.

Cuestiones sobre integración y acceso para menores extutelados

El partido plantea además incorporar expresamente el concepto de “integración plena y efectiva” en los objetivos del acompañamiento social, una mención dirigida al colectivo migrante.

Otra enmienda condiciona el acceso por “especial vulnerabilidad” a la acreditación de un “arraigo histórico-cultural y convivencial” en el municipio de residencia. Este añadido afecta especialmente a personas migrantes recién llegadas —incluidos los jóvenes extutelados o quienes participan en programas de preparación para la vida independiente—, que quedarían fuera al eliminarse esta vía excepcional.

El debate sobre la reforma continúa abierto y las enmiendas serán negociadas en las próximas semanas antes de que el texto definitivo llegue al pleno de Les Corts.

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