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Vox y la izquierda rechazan la Zona de Bajas Emisiones
El proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Valencia ha sido rechazado por la alianza entre Vox y la izquierda, al menos por este año. La propuesta, presentada por el PP en octubre, no logró ser aprobada, pese a los esfuerzos del concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, de negociar con Vox una ordenanza sin sanciones, similar a la que se aprobó recientemente en Castellón. El pleno extraordinario del lunes, convocado a raíz de una moción de Compromís y PSPV que sugería una alternativa, no logró avanzar la iniciativa, y el gobierno municipal considera la ZBE perdida. Esta situación pone en riesgo 150 millones de euros que el Ministerio de Transición Ecológica podría exigir a la ciudad.
Durante el fin de semana, se adelantaron conversaciones entre el PP y Vox. Carbonell reveló que propusieron modificaciones que seguían el modelo de actuación visto en Castellón, donde se interviene solo cuando se superan los límites de contaminación. Sin embargo, Vox no aceptó estas condiciones. Juan Carlos Caballero, portavoz del gobierno municipal, afirmó que el PP no está a favor del estancamiento ni de implementar una ZBE que no permita a las familias adaptarse.
El portavoz municipal de Vox, José Gosálbez, reafirmó que la moción de la oposición recibiría un voto negativo, argumentando que cualquier restricción a la movilidad y las sanciones perjudican a trabajadores como electricistas, albañiles y fontaneros. “Nuestro voto es a favor de la libertad, los autónomos y los obreros”, defendió Gosálbez.
Por su parte, María Pérez, del PSPV, detalló la propuesta de la oposición para una ZBE eficaz contra la contaminación, con un régimen transitorio para las actividades económicas y un calendario de implantación progresivo. Papi Robles, de Compromís, cuestionó fuertemente a Gosálbez por sus declaraciones sobre la libertad.
Carbonell trató de avanzar con una nueva propuesta durante el debate. “Aprobemos la ordenanza tal como está y añadamos una disposición transitoria para cambiar lo que sea necesario”, sugirió. Sin embargo, el PP considera que ya no hay tiempo para aprobar la ordenanza, a pesar de haber cumplido los requisitos de activar las cámaras el 1 de diciembre y la necesidad de implementar las sanciones aunque sea de forma informativa.
