La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado que la futura ley de Infancia y Adolescencia consolidará los mecanismos de protección y de promoción de derechos de todos los niños y niñas, pero especialmente de aquellos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad.
Oltra ha hecho esta manifestación durante su comparecencia en la sesión de control de Les Corts Valencianes, donde ha respondido a una interpelación parlamentaria sobre la política del Consell en materia de protocolos de educación y de sanidad de los niños, niñas y adolescentes tutelados, acogidos y adoptados en la Comunitat Valenciana.
Esta ley, junto al resto de medidas que se han adoptado en los últimos dos años, están sirviendo para dotar a las personas profesionales que trabajan o están en contacto con la infancia y la adolescencia “de las herramientas precisas que apoyen el desarrollo de su labor” en ámbitos como el sanitario, el educativo y el de la intervención social y familiar.
En este sentido, ha señalado que la futura ley, cuyo anteproyecto está en proceso de tramitación, parte de la concepción de que los niños y niñas deben de ser considerados sujetos activos de derecho, lo que lleva a “modificar no solo los protocolos concretos de actuación en materia de protección, sino el propio marco jurídico que los sustenta”.
Así, la ley plantea un “abordaje integral de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”, y en este sentido diseña un protocolo integral de lucha contra la violencia, basado en la prevención, protección, atención y reparación de las víctimas, con medidas de coordinación entre los distintos agentes intervinientes a través de actuaciones formativas.
“La persona menor de edad que sea objeto de alguna de las distintas formas de violencia tendrá derecho a un acceso específico a los servicios sanitarios, a los centros educativos, a los servicios y programas sociales y a las subvenciones y ayudas públicas que resulten necesarias para satisfacer las necesidades derivadas de su condición de víctimas”, ha señalado.
La futura ley también establece “una regulación detallada del deber de la ciudadanía, y en especial de los profesionales que trabajan en el ámbito de la infancia y la adolescencia, de notificar las situaciones de desprotección y de colaborar en el ejercicio de la acción protectora” y termina con la discriminación que las personas tuteladas por la Generalitat tenían a la hora de recibir ayudas de escolarización, según el régimen de acogimiento en que estaban.
La vicepresidenta ha incidido en que la política del Consell con las personas menores de edad que están dentro del sistema de protección, “se centra fundamentalmente en dar cobertura a sus necesidades con posicionamientos de igualdad de oportunidades y, como siempre poniendo orden en la herencia en diferido que dejó el antiguo gobierno”.
La coordinación que se ha establecido en estos dos años con las conselleries de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, y Sanidad Universal, busca que estos niños y niñas tutelados “puedan tener preferencia en el acceso a cualquiera de los recursos de que dispone la población general”.
En este punto, ha recordado la regulación de medidas de colaboración y coordinación sociosanitaria en este ámbito, y que se ha focalizado en “una mejor estructuración de los indicadores y factores de riesgo existentes” con el objetivo de detectar aquellas situaciones de desprotección derivadas de conductas adictivas, violencia de género o el uso de los niños y niñas de manera inapropiada en los procesos de separación de parejas.
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