VALENCIA, El exconseller ‘popular’ de Solidaridad y Cooperación Rafael Blasco ha empleado este lunes su derecho a la última palabra en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y el fallido hospital de Haití para defender que no recibió “ninguna dádiva” y que “nunca” ha formado parte de “ninguna trama delictiva”. Además, ha afirmado que va a respetar el pacto de conformidad acordado con Fiscalía Anticorrupción y que contempla una pena de tres años y medio de prisión.
El también exportavoz del PP en Les Corts Valencianes se ha pronunciado de este modo durante su utilización del derecho a la última palabra en la última jornada de este prolongado proceso, correspondiente al segundo juicio del caso, en el que se juzgan dos piezas del conocido como caso Cooperación –2 y 3– por los delitos de prevaricación, cohecho, asociación ilícita, malversación, encubrimiento, fraude de subvenciones, blanqueo y falsedad documental.
Por estas piezas, Anticorrupción solicitaba 16 años de cárcel para Blasco y pedía como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat. La pena más elevada que reclamaba el fiscal era para Augusto César Tauroni, hasta 21 años y medio de cárcel.
Sin embargo, los acuerdos a los que han llegado estos acusados contemplan penas inferiores –de tres años y medio para los principales procesados–. Los encausados que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía son, además de Blasco, Augusto César y Arturo Tauroni; la ex secretaria general de la Conselleria, Tina Sanjuán; el exjefe de área de Solidaridad, Marc Llinares, así como Alina Indiekina Lisenko y María Isabel Castillo López.
Blasco ha dicho haber sufrido durante este largo camino judicial “momentos muy duros” en su vida y ha reivindicado el “valor moral” de la primera cláusula de su pacto con Fiscalía –no firmado por las otras dos acusaciones, la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONGD–: “Esa cláusula dice que no consta que recibiera o solicitara dádiva ninguna”.
