La Agencia Valenciana Antifraude ha instado al Tribunal Supremo a establecer una doctrina que permita la aplicación de las directivas europeas desde su entrada en vigor, incluso antes de que los estados miembros las adapten a su derecho nacional. Esta solicitud se realiza en el marco de un caso que busca proteger a un funcionario que denunció supuestas irregularidades urbanísticas.
Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), ha solicitado al Tribunal Supremo que aplique las directivas europeas desde su entrada en vigor, en un intento por proteger a un funcionario que denunció presuntas corruptelas urbanísticas en el Ayuntamiento de Los Montesinos, Alicante.
El funcionario, que era jefe de Urbanismo del Gobierno municipal en 2012, denunció en sede judicial presuntos delitos urbanísticos y contra el medio ambiente relacionados con la construcción de una discoteca en terrenos protegidos. Como respuesta, la Agencia Antifraude le otorgó protección en 2018 y 2019, ya que estaba sufriendo “represalias” en el trabajo.
Sin embargo, tanto el Ayuntamiento de Los Montesinos como su alcalde, José Manuel Butrón, recurrieron la decisión, llevando el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que les dio la razón y retiró la protección al funcionario.
La Agencia Valenciana Antifraude ha recurrido al Tribunal Supremo para anular la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Su objetivo es que el Tribunal Supremo establezca como doctrina que las directivas comunitarias son de plena aplicación desde su entrada en vigor, sin necesidad de que transcurra el plazo de trasposición.
La Agencia también ha pedido que se establezca que el estatuto de protección se aplique sin importar si la denuncia se ha formulado ante un órgano judicial o un órgano administrativo.
Los abogados de Los Montesinos y de Butrón han argumentado que no es posible aplicar la directiva ‘whistleblower’ al caso concreto por dos razones. En primer lugar, porque la denuncia y las resoluciones que otorgaron el estatus de denunciante de corrupción al jefe de Urbanismo son anteriores a la entrada en vigor de la directiva. En segundo lugar, porque el funcionario denunció ante un órgano judicial seis años después de que el Juzgado de Instrucción Número 2 de Torrevieja comenzara a investigar los hechos.
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