La jueza de Catarroja, encargada de investigar la gestión de la dana en Valencia, ha vuelto a rechazar la petición de una acusación particular para que el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, testifique. La jueza sostiene que Mazón solo podría acudir a declarar de manera voluntaria como investigado, algo que ya se le ha ofrecido y él ha declinado.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la magistrada ha dictado seis autos y una providencia. En el primero de ellos, se niega la solicitud de que Mazón declare como testigo. La jueza fundamenta su decisión citando el Estatuto de Autonomía y diversas normativas, subrayando que la gestión de protección civil recae en el Consell y la Conselleria competente. La Ley Valenciana de Protección Civil y Gestión de Emergencias establece que el presidente de la Generalitat puede declarar la situación de emergencia catastrófica, pero no se hizo en este caso.
La magistrada argumenta que las funciones atribuidas a la administración autonómica en protección civil convierten a sus cargos en garantes de evitar fatalidades. Considera que las preguntas hacia Mazón estarían más relacionadas con la posible omisión de declarar una situación de emergencia catastrófica, lo cual no encajaría en una declaración como testigo.
Además, la jueza cita un auto del TSJCV de diciembre de 2024 que indica que la declaración de personas aforadas como Mazón solo puede efectuarse si es solicitada por ellas mismas. Mazón ha declinado el ofrecimiento de declarar como investigado.
Asimismo, la jueza ha desestimado realizar un reconocimiento aéreo de las zonas afectadas o tomar declaraciones de responsables actuales de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, alcaldes y concejales. Estas decisiones se tomarán tras escuchar a víctimas y familiares. Se ha programado la declaración de dos peritos para el 9 de mayo.
En otro auto, se ha inadmitido la solicitud de la acusación popular de acceder a datos de llamadas de teléfonos de la Generalitat, ya que afectaría al secreto de las comunicaciones. También se rechazó un recurso de reforma contra la admisión del PSOE como acusación popular, y se aceptó la adhesión de un partido político como acusación popular bajo fianza.
Otros autos incluyen la solicitud a un particular para verificar su relación con víctimas para su personación en el caso, y la petición a la Generalitat de datos sobre el embalse de Buseo. Finalmente, se ha ordenado recabar informes forenses sobre daños y secuelas de diversas personas afectadas.
