La jueza de Catarroja, en Valencia, ha rechazado nuevamente la petición de una acusación particular de que el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, declare como testigo en la causa por la gestión de la dana. Según indica la magistrada, Mazón solo podría declarar voluntariamente como investigado, oferta que él ha declinado. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha comunicado que se han dictado seis autos y una providencia.
En uno de los autos, la jueza argumenta que la solicitud de testimonio para Mazón es improcedente, ya que, conforme al Estatuto de Autonomía y otras normativas, el Consell es responsable de la dirección y coordinación de la protección civil en la región. La Ley Valenciana de Protección Civil y Gestión de Emergencias establece que los ciudadanos deben ser informados sobre riesgos colectivos graves y las acciones a seguir, funciones atribuidas a la administración autonómica.
La jueza recuerda que un intento anterior de que Mazón testificara fue denegado, ya que solo podría ser llamado como investigado debido a las querellas relacionadas con los hechos investigados. La Ley de Protección Civil permite al president de la Generalitat declarar una emergencia catastrófica, pero tal declaración no se realizó, lo cual impide su testimonio como simple testigo y lo coloca en una posición de investigado.
Citando un auto del TSJCV de diciembre de 2024, la jueza señala que la declaración de Mazón como investigado solo puede ocurrir si él lo solicita. A pesar de que dicho ofrecimiento se le ha realizado, Mazón no ha aceptado.
Además, la juez ha desestimado otras solicitudes de la acusación, como un reconocimiento aéreo de las zonas afectadas y tomar declaración a responsables de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), alcaldes y concejales involucrados. Considera que estas decisiones se adoptarán tras escuchar a víctimas y familiares.
Respecto a la petición de declaraciones de participantes en reuniones del Cecopi, se señala la dificultad de programar estas audiencias debido a la falta de espacio en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Se ha decidido recibir declaración de dos peritos el 9 de mayo.
En un segundo auto, la jueza ha rechazado diligencias de la acusación popular de Acció Cultural del País Valencià, como la identificación de teléfonos, por invadir el secreto de las comunicaciones. También ha desestimado un recurso de Liberum contra la admisión del PSOE como acusación popular y ha admitido la participación de otro partido político como tal.
El quinto auto solicita a un particular que aclare su relación con las víctimas para admitir su personación como acusación particular. Además, ha aceptado una prueba sobre la suspensión de un evento en octubre.
Por último, un sexto auto pide a la Generalitat información sobre el embalse y la presa de Buseo. En una providencia, la jueza ordena obtener informes forenses sobre diversas lesiones y daños psíquicos de afectados y cita a un testigo en relación con los fallecimientos.
