El alcalde de Picanya, Josep Almenar, ha solicitado a la Generalitat una aclaración sobre la concesión de licencias de obra para los terrenos adyacentes al barranco del Poyo. A pesar de que el Consell aprobó un decreto urbanístico el 30 de diciembre, Almenar considera necesario contar con una «instrucción de la Generalitat para lo que afecta a la zona alrededor de los barrancos, ofreciendo respaldo jurídico» frente a posibles peticiones. La calle Almacereta es una de las más afectadas por esta cuestión.
Cabanes ha señalado que el problema afecta a unas veinte propiedades. Indicó que, mientras algunos residentes desean continuar en esa ubicación, otros no están seguros de su decisión. Resaltó la importancia de que las acciones tomadas aborden los riesgos existentes según las especificaciones pertinentes.
Para Cabanes, es fundamental una respuesta eficaz y coordinada entre los diferentes niveles de la administración pública, involucrando también a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que debe aprobar cualquier construcción cercana a los barrancos. Aunque el Patricova sirve como referencia para delimitar zonas inundables, Almenar sugiere que, tras los recientes eventos meteorológicos, este documento podría necesitar revisión.
Actualmente, el problema se centra en terrenos fuera de las zonas inundables. «Si un propietario solicita una licencia de obra, el ayuntamiento tiene herramientas como la suspensión de licencias hasta que se establezca una situación diferente, aunque por ahora se aplica el Plan General vigente», comentó Cabanes.
Respecto a la posible suspensión de licencias, Cabanes mencionó que «se ha discutido, y aunque no se ha descartado, se queda a la espera de la respuesta de la Generalitat», subrayando la importancia de un trabajo en conjunto. Estas declaraciones fueron hechas a LAS PROVINCIAS un día después de la visita de Gan Pampols, vicepresidente para la Recuperación, y José María Ángel, comisionado del Gobierno. Ambos funcionarios discutieron con el ayuntamiento las prioridades para la reconstrucción del municipio, resaltando la necesidad de que el Ministerio de Transportes reconstruya los puentes dañados sobre el barranco.
En Catarroja, un enfoque diferente ha sido adoptado. Tras el desbordamiento del barranco del Poyo, se desalojaron 105 inmuebles, de los cuales 38 han sido reocupados tras implementar medidas de seguridad rigurosas. Respecto a la concesión de licencias en zonas adyacentes al barranco, se mantiene la normativa vigente. El Patricova establece medidas específicas, como que las viviendas en planta baja estén elevadas sobre el nivel de la calle y cuenten con dos salidas.
Sobre la instrucción de la Generalitat, Catarroja hace referencia al Decreto Ley 20/2024, del 30 de diciembre, que, aunque algo confuso, permite la reconstrucción de edificaciones dañadas por la dana, incluso aquellas fuera de ordenación, y posibilita el uso de suelos dotacionales para construir viviendas, siempre que dichas dotaciones se restituyan en tres años en otra ubicación.
