Argüeso identifica tres fallos en la gestión de la dana: retirada de bomberos del Poyo, actuación de la CHJ y ausencia de Bernabé en el Cecopi
El exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ofreció su testimonio el 11 de abril en un ambiente tenso, con asociaciones de víctimas manifestándose frente a la Ciudad de la Justicia. La transcripción de su declaración revela que solo respondió a las preguntas de su defensa, rehusando ser interrogado por otras partes implicadas.
Argüeso destacó tres principales errores cometidos durante la jornada de la dana. En primer lugar, criticó la retirada de los bomberos de los cauces del barranco del Poyo, ordenada por el director del Consorcio. En segundo lugar, aludió a la deficiente información proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Por último, mencionó la participación remota de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en el Cecopi.
El exresponsable afirmó que su dimisión no se debió a un sentimiento de culpabilidad, sino a la desintegración del equipo original y la inviabilidad de continuar con su proyecto político. Resaltó que una circular, el “plan de inundaciones”, se enviaba a los Ayuntamientos desde agosto, a pesar de que muchos aún carecían de un plan de emergencias.
El 29 de abril comenzaron a llegarle reportes de lluvias. Al declarar el nivel 1 de emergencia, los Ayuntamientos quedaron habilitados para convocar sus Cecopal locales. Argüeso enfatizó que era obligación de los ayuntamientos movilizar a la Policía Local para monitorear el caudal, aunque la normativa no lo establezca explícitamente.
Recordó que el nivel de alerta 1 requiere solicitar a las confederaciones hidrográficas una evaluación de la situación hidrológica, tarea que fue delegada al subdirector general de emergencias, Jorge Suárez, quien interrumpió sus vacaciones para asumir el control. Informó a la alcaldesa, pero no tuvo comunicación directa con Argüeso en todo el día.
Argüeso explicó que se movilizó a los bomberos forestales para vigilar los barrancos y la comitiva, que incluía a la consellera, se trasladó a Carlet. Un punto clave de la investigación es el debate sobre la emisión de un mensaje de alerta a través del sistema ES-Alert. Hubo discrepancias sobre si enviarlo o no, pues temían causar más confusión, decisión en la que el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, y la consellera estuvieron involucrados.
Finalmente, se decidió mandar el mensaje, redactado y validado por Suárez y otro funcionario, aunque se retrasó unos minutos debido a la necesidad de aprobación por parte del Ministerio del Interior. Argüeso precisó que la alerta no se refería al desbordamiento del barranco del Poyo, sino al riesgo del pantano de Forata. Además, recordó que existía el peligro de ruptura de esta infraestructura, lo que podría haber resultado en un desastre de grandes proporciones, según advertencias del presidente de la CHJ.
