El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) ha anunciado que exigirá aclaraciones sobre quiénes dentro del Cecopi consideraron preocupante la alerta ES-Alert el pasado 29 de octubre, día en que la provincia de Valencia se vio gravemente afectada por una dana, con un saldo de 228 fallecidos. Además, solicitarán acceso a todas las comunicaciones que llegaron al Cecopi ese día, especialmente las de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y confirmarán si fueron leídas.
Esta demanda se produce después de que el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, declarara ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana, afirmando que desconocía si el Cecopi recibió el correo de la CHJ sobre la crecida de la rambla del Poyo y sugiriendo que “quizás ni se leyó”.
Según Argüeso, fue el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, quien inicialmente sugirió emitir una alarma a la población, decisión que se tomó alrededor de las 19.15 horas. Hubo un debate entre el jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, y otro técnico, sobre el envío de un mensaje, argumentando que podría causar más confusión.
José Muñoz, síndic socialista en Les Corts, ha contrastado la versión de Argüeso con las declaraciones de Mazón y ha señalado la importancia de clarificar si los correos del CHJ fueron abiertos o no en el Cecopi, enfatizando la habitual práctica de solicitar confirmaciones de recepción y lectura para correos importantes. Muñoz también subrayó la afirmación de Argüeso sobre las dudas que existían en torno al envío de la alerta ES-Alert.
Además, Muñoz ha destacado que la jueza reafirma que la responsabilidad competencial el 29 de octubre recaía en la Conselleria de Emergencias y en la administración autonómica, señalando una aparente “amnesia” en los miembros del Cecopi y criticando la gestión del Consell. Exigió a Mazón que proporcionara todas las pruebas requeridas por su grupo y que se presentara a declarar voluntariamente ante la magistrada.
Por otro lado, la jueza acreditó la actuación “impecable” de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, al no considerar necesario citarla como investigada, a pesar de la solicitud de una acusación popular. Muñoz destacó que Bernabé asumió sus responsabilidades desde el primer momento y realizó 260 llamadas, superando la acción de la exconsellera Salomé Pradas, siendo un ejemplo ante la emergencia. El síndic rechazó las acusaciones que piden la imputación de la delegada, argumentando que están enfocadas en atribuir responsabilidades a quienes no las tenían, conforme a lo señalado por la jueza.
