La jueza que lleva el caso de la DANA ha citado a declarar a una operadora de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que admitió un retraso en el aviso a Emergencias sobre el desbordamiento del barranco del Poyo. A pesar de los recursos y las múltiples acusaciones populares, la investigación continúa avanzando.
La lista de testigos en este caso está aumentando, y ahora se ha decidido convocar a casi todos los alcaldes de los municipios directamente afectados por la riada del 29 de octubre. Este viernes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, encargado de investigar las muertes y lesiones provocadas por la riada, ha citado a declarar al director general del Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat, así como a una operadora del Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ.
Carmen González, responsable del SAIH, compareció anteriormente en una comisión del Senado y reconoció que el aviso a Emergencias se retrasó cerca de una hora debido a motivos técnicos y de verificación de datos. Explicó que cuando la lengua de agua pasa por un punto de medición del SAIH, los datos de caudal tardan aproximadamente 20 minutos en llegar a la sala de control. El primer indicador de caudal del Poyo, que generó alarma, se registró a las 17:35 horas, pero debido a la tardanza en las comunicaciones, no llegó a la CHJ hasta las 17:55. A lo largo del día, envió una treintena de notificaciones entre las 7:00 y las 20:00 horas, alertando de las intensas precipitaciones detectadas por los cerca de 200 pluviómetros que monitorean la cuenca del Júcar.
Además, la jueza ha accedido a una petición de una acusación popular al citar nuevamente al técnico que validó el envío del mensaje del Es-Alert. Se busca que aporte voluntariamente evidencias sobre las llamadas telefónicas mencionadas en su declaración.
