La Diputación de Alicante defiende “transparencia” al cerrar investigación de examen entre críticas de la oposición
La Diputación de Alicante, a través de su vicepresidenta segunda, Marina Sáez (PP), ha asegurado que el cierre de la comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en un examen para cubrir 58 plazas de auxiliar administrativo se ha llevado a cabo con “absoluta transparencia”. Según Sáez, se ha proporcionado toda la documentación necesaria y se han ofrecido las explicaciones pertinentes para aclarar lo sucedido. No obstante, los grupos de la oposición, el PSPV y Compromís, consideran que la decisión es “unilateral”.
Marina Sáez ha argumentado que todos los miembros de la comisión ya tuvieron acceso al expediente completo y a los exámenes, además de que técnicos de informática y miembros del tribunal examinador explicaron los motivos del error. Según Sáez, tanto desde un punto de vista documental como objetivo, toda la información ya estaba a disposición de la comisión y de los diputados.
Sáez ha defendido que ha habido “absoluta transparencia” y una “máxima voluntad” para aclarar lo ocurrido, atribuyendo el incidente a un error que ya fue subsanado al repetir la prueba. Además, ha recordado que la Agencia Antifraude archivó la denuncia sobre las presuntas irregularidades, al considerar que el problema perdió relevancia al repetirse el examen.
La vicepresidenta ha argumentado que durante las tres reuniones de la comisión asistieron todos los implicados, incluida la diputada de Recursos Humanos, quien estuvo dispuesta a resolver cualquier duda, justificando así el rechazo a una nueva sesión solicitada por la oposición.
Según Sáez, Pilar Díaz, presidenta de la comisión y diputada socialista, también apoyó el cierre de la investigación, al considerar que no quedaba nada más por investigar, según consta en el acta de la última reunión. Sáez ha negado cualquier boicot político o técnico en las sesiones, asegurando que estas se realizaron siguiendo los procedimientos habituales.
Sáez ha acusado al grupo socialista de intentar obtener rédito político, generando dudas innecesarias. Ha insistido en la importancia de cerrar la comisión, que ya cumplió con su cometido desde un punto de vista objetivo y documental.
Por el lado de la oposición, el grupo socialista ha manifestado su “más enérgico rechazo” al cierre “unilateral” de la comisión de investigación sobre el examen. El PSPV ha defendido que había indicios de que el proceso podría haber sido manipulado. Aseguran que el 50% de las preguntas del examen contenían pistas sobre las respuestas correctas, levantando sospechas de manipulación.
Los socialistas acusan al PP de obstaculizar la investigación, impidiendo el acceso a documentación clave como el expediente del proceso selectivo y la lista de quienes participaron en la elaboración del examen.
José Ramiro Pastor, diputado socialista, ha señalado la falta de garantías y explicaciones convincentes por parte de dos miembros del tribunal que reconocieron errores en la confección de preguntas. Según él, la documentación facilitada estaba incompleta o era meramente ejemplificativa, destacando que los documentos con las preguntas eran simples copias, lo cual no permite verificar si fueron manipuladas.
Pastor critica que el PP haya cerrado la comisión sin permitir la comparecencia de la diputada de Recursos Humanos, María José Llopis, ignorando compromisos anteriores. Según el PSPV, se ha pretendido justificar todo como un error humano sin abrir ningún expediente informativo, a pesar del perjuicio económico generado por la repetición del examen.
Los socialistas consideran que el cierre abrupto de la comisión sin esclarecer los hechos ni asumir responsabilidades es un grave atentado contra la transparencia y la confianza en las instituciones. Exigen explicaciones al presidente de la Diputación, Toni Pérez, y anuncian que seguirán trabajando para restablecer la confianza de la ciudadanía en la administración provincial.
