Compromís demanda la prohibición de licencias para apartamentos turísticos y su reconversión en viviendas
Compromís ha presentado sus objeciones al nuevo reglamento urbanístico del gobierno municipal del PP y Vox en Valencia, criticando que esta normativa no solo no detiene la expansión de apartamentos turísticos y hoteles, sino que facilita una nueva era de especulación y desplazamiento de los residentes de los barrios de la ciudad. Por esta razón, la formación política exige la suspensión definitiva de las licencias para apartamentos turísticos y su gradual conversión en viviendas residenciales, con la intención de que para 2029 Valencia sea una ciudad sin apartamentos turísticos.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, expresó en una rueda de prensa que la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) representa “un cheque en blanco” que pone la ciudad al servicio de fondos de inversión en lugar de los vecinos. Según Robles, en lugar de proteger a los residentes, el gobierno municipal está creando condiciones que favorecen la apertura de más apartamentos turísticos y hoteles.
Robles destacó que Valencia enfrenta una “grave crisis” de vivienda, con precios de compra y alquiler inaccesibles para muchas familias, jóvenes sin poder emanciparse y vecinos desplazándose al área metropolitana y más allá. La portavoz señaló que una causa clara de este problema es la retirada de miles de viviendas del mercado residencial para destinarlas a fines turísticos, lo cual convierte la vivienda de un derecho en un activo financiero.
Además de la problemática habitacional, Compromís advierte sobre otro riesgo menos percibido: la creación de un mercado restringido de licencias turísticas. Según explica, este nuevo marco normativo podría derivar en situaciones análogas a las de las farmacias, taxis o estancos, en las que las licencias adquieren gran valor y se convierten en objeto de especulación, generando un escenario indeseado para Valencia.
El concejal de Compromís, Puchades, desglosó las alegaciones técnicas presentadas para evitar que los apartamentos turísticos transformen los barrios en parques temáticos. Defendió que, aunque algunos de estos alojamientos se sitúen en locales comerciales, la emergencia residencial exige recuperar todo espacio posible para uso de vivienda habitual.
De acuerdo con el análisis de Compromís, 29 barrios de Valencia ya han superado el 2% de viviendas turísticas, considerado por el gobierno local como el umbral para declarar una zona saturada. Según Puchades, la regulación no solo es tardía e ineficaz, sino que además legaliza el exceso y crea un nuevo activo especulativo: la licencia turística.
La coalición también reclama poner freno a la apertura de nuevos hoteles, especialmente en áreas residenciales. Puchades recordó que en dos años, Catalá ha autorizado 40 nuevas licencias hoteleras, sumando más de 3,000 plazas, y reiteró que esto refleja un modelo que subordina la ciudad al turismo. Además, mencionó que ciudades como Ámsterdam ya han implementado medidas drásticas para controlar el crecimiento turístico descontrolado.
Compromís enfatizó en las consecuencias del modelo turístico, como la pérdida del comercio local, el aumento de la presión sobre servicios públicos como el transporte, limpieza o agua, y la destrucción del tejido comunitario. Puchades resaltó que con la rotación constante de turistas, se disuelven las redes de apoyo, la identidad barrial y la vida cotidiana se reemplaza por negocios orientados solo al visitante.
Entre las propuestas de Compromís destacan la creación de una unidad de inspección y sanción contra pisos ilegales, la implementación de un sistema de revisión continua de licencias con cancelación automática en caso de incumplimiento, y un plan de choque para recuperar el comercio de proximidad y frenar la sustitución de servicios esenciales por tiendas turísticas.
Robles concluyó que la norma actual “es una trampa”, y aseguró que el PP y Vox pretenden hacer creer que establecen límites cuando en realidad protegen los intereses de quienes ven la vivienda como un negocio. Por ello, defendió la necesidad de un cambio drástico en la política urbanística de Valencia para priorizar la protección de barrios y la ampliación del parque público de vivienda cumpliendo con el objetivo de que la ciudad sea un lugar para vivir, no un escenario para los turistas.
