**Prórroga en la investigación del robo a la EMT tras seis años sin avances**
Seis años después de que el caso del fraude a la EMT de Valencia cayera en el juzgado de instrucción número 18, no se han registrado avances significativos en la investigación. A pesar de que se han enviado algunas comisiones rogatorias, estas o no han recibido respuesta o no se les ha dado seguimiento. Este caso es considerado uno de los fraudes más importantes en la historia de España, tratándose del mayor robo sufrido por una empresa pública.
En septiembre de 2019, durante 20 días, ocurrieron los hechos en Valencia. La entonces directora de administración de la EMT, Celia Zafra, autorizó transferencias que sumaron 4,2 millones de euros a dos cuentas del Bank of China en Hong Kong. Todo se basó en correos y llamadas de un supuesto abogado de Deloitte, quien afirmaba que el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, había autorizado una operación secreta para adquirir una mercantil en China. Zafra, con casi cuatro décadas en la empresa, facilitó firmas y DNI de los apoderados al falso abogado, quien le devolvió las órdenes de transferencia firmadas. Estas fueron ejecutadas a través de Caixabank, y desaparecieron rápidamente. Las sospechas surgieron cuando el banco alertó a la empresa el 23 de septiembre, tras lo cual Josep Enric Garcia Alemany, entonces gerente, paró las transferencias. Se descubrió que la EMT había sido víctima del conocido fraude del CEO y que solo quedaban 150.000 euros de los 4,2 millones.
El caso llegó al juzgado de instrucción número 18 de Valencia, conocido por su lentitud. El Consejo General del Poder Judicial ya había investigado a este juzgado en 2019 por quejas sobre la demora en sus procesos. En el ámbito laboral, se dictaminó que el despido de Zafra fue procedente, dado que rompió la confianza de la empresa al compartir datos personales. Además, a nivel económico, Zafra fue considerada responsable contable del desfalco. Sin embargo, no dispone de los 4 millones reclamados por el Tribunal de Cuentas.
La investigación penal sigue estancada en cuanto a determinar a los responsables del fraude. A pesar de que tribunales en Hong Kong condenaron a dos ciudadanos chinos, nunca fueron localizados. Por esta razón, el juez ha enviado comisiones rogatorias a Kenia e Irlanda para investigar a los titulares de la cuenta de Gmail empleada para los correos fraudulentos. Esa dirección aparentaba ser de Deloitte, y Zafra fue convencida por la llamada en español de que todo era auténtico. Lamentablemente, cuando el engaño fue descubierto, el dinero ya había desaparecido.
