Pérez Llorca testificará en la causa por la DANA

La investigación por la DANA de 2019 avanza con nuevas declaraciones judiciales

El próximo 21 de febrero ha sido marcado en el calendario del juzgado de Orihuela como una fecha clave en la investigación judicial por los daños causados por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que asoló la Vega Baja en septiembre de 2019. Una de las comparecencias más esperadas será la del expresidente de la Diputación de Alicante y actual alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, además del testimonio de Pérez Llorca, exdirector general de Emergencias de la Generalitat Valenciana durante el gobierno de Ximo Puig.

Las declaraciones buscan dilucidar posibles responsabilidades penales y administrativas en materia de prevención, gestión y actuación ante catástrofes naturales. Las inundaciones provocadas por la DANA dejaron efectos devastadores en la infraestructura de numerosos municipios, causando estragos humanos y materiales.

¿Qué es la DANA y por qué es relevante judicialmente?

La DANA es un fenómeno atmosférico caracterizado por episodios de lluvias torrenciales y repentinas. En septiembre de 2019, este fenómeno climatológico se tradujo en una de las mayores catástrofes naturales recientes de la Comunidad Valenciana, particularmente en la comarca de la Vega Baja.

Los daños incluyeron:

• La evacuación de miles de residentes.
• Inundaciones masivas que dejaron carreteras inhabilitadas.
• Grandes pérdidas en cultivos, viviendas particulares e infraestructuras municipales.
• Varios fallecimientos relacionados directamente con el temporal.

Esta situación provocó críticas por parte de ciudadanos y asociaciones debido a lo que consideraron una respuesta institucional insuficiente o tardía. Hoy, más de cuatro años después, continúa la investigación judicial que analiza si se cometieron delitos por negligencia, omisión del deber o descoordinación institucional.

Pérez Llorca comparecerá como testigo clave

Uno de los momentos más esperados del proceso será el testimonio de Pérez Llorca, quien en 2019 ocupaba un cargo de alta responsabilidad en el ámbito de Emergencias de la Generalitat. Su declaración se centrará en los protocolos seguidos, las comunicaciones y órdenes emitidas antes, durante y después del episodio de lluvias extremas.

El juez instructor busca conocer:

• Qué medidas preventivas se tomaron ante las alertas meteorológicas.
• Cómo se establecieron y ejecutaron los planes de evacuación.
• Qué tipo de coordinación existió entre la Generalitat, la Diputación de Alicante y los ayuntamientos afectados.
• Si hubo advertencias que no se atendieron o se minimizaron las previsiones climáticas.

Eduardo Dolón y otros cargos también citados

El actual alcalde de Torrevieja —y presidente de la Diputación de Alicante en el momento de los hechos— comparecerá también como testigo. Se le preguntará acerca del papel que jugó la Diputación en la respuesta ante la catástrofe y su grado de implicación institucional.

Además de Dolón y Pérez Llorca, están citados otros responsables, entre ellos:

• El exdirector de Protección Civil provincial.
• Autoridades locales de municipios gravemente afectados como Pilar de la Horadada, Almoradí y Orihuela.
• El dueño del conocido restaurante “El Ventorro”, cuya infraestructura sufrió daños tras la apertura de una compuerta de emergencia en el pantano La Pedrera.

El role del “Ventorro” y la compuerta del pantano de La Pedrera

Uno de los temas más delicados de la causa judicial se relaciona con la gestión hidráulica durante la DANA. En concreto, se investiga la apertura de una compuerta de emergencia en el embalse de La Pedrera, una medida de última hora que resultó en el desbordamiento súbito en algunos tramos del cauce del río Segura.

Uno de los negocios afectados fue el restaurante rural “El Ventorro”, cuyo propietario ha sido también llamado a declarar como testigo para explicar los daños sufridos y si hubo falta de aviso oficial previo, lo que podría reforzar la tesis de que hubo falta de coordinación por parte de la administración del agua.

Implicaciones medioambientales y administrativas

Además de las pérdidas materiales, el impacto ambiental fue significativo. Numerosos vertidos afectaron a zonas agrícolas, humedales, y áreas protegidas como el parque natural de las Lagunas de La Mata y Torrevieja. Se están revisando también las decisiones en materia de:

• Mantenimiento de canales de desagüe.
• Gestión del exceso hídrico en embalses y azarbes.
• Deficiencias en los informes de predicción y avisos de emergencia.

Avance de la instrucción judicial y próximos pasos

La instrucción iniciada tras las denuncias de numerosas asociaciones vecinales, agrupaciones agrícolas y entidades ecologistas, ha agrupado decenas de diligencias previas que tendrán como eje central estas nuevas declaraciones.

Según fuentes del juzgado, en los próximos meses también podrían ser llamados:

• Representantes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
• Miembros de la junta directiva de la Confederación Hidrográfica del Segura.
• Expertos independientes en gestión de emergencias.

Se espera, además, un informe pericial encargado por el juzgado que analizará los canales oficiales de comunicación y si, tecnológicamente, las herramientas digitales del 112 y los protocolos de aviso funcionaron correctamente o fallaron en la transmisión de alertas.

¿Podría haber responsabilidades penales?

Aunque la causa sigue siendo una instrucción abierta, existen indicios de posibles responsabilidades civiles y penales, si se demuestra que hubo actuaciones negligentes o inacción por parte de quienes tenían el deber de actuar. La línea investigadora busca esclarecer quiénes tenían competencia directa en protección ciudadana y qué acciones —u omisiones— agraviaron la situación.

El contexto político y su influencia en el caso

El proceso judicial se produce en un ambiente político tenso. La DANA se convirtió, desde el primer momento, en un asunto politizado entre los anteriores gestores de la Generalitat (bajo el Gobierno del socialista Ximo Puig) y las críticas que surgieron desde los gobiernos locales, muchos controlados por el Partido Popular.

Eduardo Dolón, con responsabilidades institucionales durante y después del episodio, ahora se enfrenta a una segunda etapa en la que su actuación pasará a ser examinada por la justicia. Sin embargo, ha defendido siempre que desde su cargo se actuó con la máxima celeridad posible ante un episodio que superó todos los escenarios previstos.

Las víctimas: voces que exigen justicia

Mientras se desarrollan las comparecencias, las asociaciones de damnificados continúan reclamando respuestas concretas y compensaciones por los daños sufridos. Muchos de ellos se sienten desamparados ante la falta de una reparación completa por parte de las administraciones.

Algunas de las demandas de los colectivos son:

• Reconocimiento oficial de fallos en los sistemas de alerta temprana.
• Indemnizaciones por pérdidas patrimoniales y agrícolas no cubiertas por seguros.
• Mejora en la coordinación entre gobiernos regionales, provinciales y locales para futuros episodios extremos.

Un caso que puede sentar precedentes

Este proceso no solo analiza responsabilidades en lo ocurrido en 2019, sino que puede marcar un precedente legal importante en materia de gestión de fenómenos climáticos extremos. Desde sectores jurídicos y académicos se sigue con atención este caso, al considerar que podría ser un ejemplo del principio de “responsabilidad institucional ante catástrofes evitables”.

Conclusión: la justicia busca respuestas en torno a la DANA

La declaración de Pérez Llorca y otros testigos llamados a declarar será un momento clave para determinar si existió negligencia institucional en la gestión de una de las peores catástrofes naturales de la Comunidad Valenciana. La sociedad espera claridad, justicia y medidas que aseguren la protección de los ciudadanos en futuras amenazas meteorológicas.

El caso de la DANA de 2019 continúa su curso