Tres millones de menores en España tienen origen migrante: el CES reclama un Pacto de Estado

El Consejo Económico y Social (CES) ha presentado un estudio sobre la realidad migratoria en España que sitúa en tres millones el número de niños que tienen, al menos, uno de sus progenitores de origen extranjero. El documento, solicitado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, analiza el impacto demográfico de los flujos migratorios y propone líneas de actuación para reforzar la cohesión social.

El informe destaca que 9,5 millones de residentes —el 19% de la población— han nacido fuera de España, mientras que el 14% mantiene una nacionalidad distinta de la española. A estos datos se suman los menores de ascendencia migrante, cuya cifra crece de forma constante y contribuye de manera notable a compensar el envejecimiento poblacional.

La inmigración, clave para sostener el crecimiento demográfico

Según el CES, la llegada de población extranjera ha mitigado el descenso de natalidad que atraviesa España desde finales de los años noventa. “La inmigración ha sido el principal motor del crecimiento demográfico en las últimas décadas”, apunta el informe, que subraya además la relevancia de las mujeres migrantes, que representan el 52% del total.

El organismo también destaca la falta de datos precisos sobre menores nacidos en España con padres de origen extranjero, ya que muchos de ellos poseen nacionalidad española desde su nacimiento.

Mujeres migrantes: doble vulnerabilidad y brechas persistentes

El estudio alerta de que las mujeres migrantes afrontan una “confluencia de desventajas” derivada de su condición de género y de origen, lo que aumenta su riesgo de discriminación y de sufrir violencia. No obstante, señala que las mujeres participan hoy en procesos migratorios con mayor autonomía.

Su aportación es especialmente relevante en sectores feminizados como los cuidados, la hostelería, el comercio o los servicios domésticos, donde representan un apoyo esencial para la economía y el sostenimiento del bienestar social.

Desigual distribución territorial y presión en zonas urbanas

El CES identifica una distribución desigual de la población extranjera: la franja mediterránea y las grandes capitales concentran los mayores flujos migratorios, mientras que otras zonas del interior apenas los reciben. En áreas rurales, sin embargo, la inmigración ha adquirido un papel creciente para mantener la actividad económica y evitar la despoblación.

Menores no acompañados: un “protagonismo desproporcionado” en el debate

El informe recuerda que las llegadas irregulares vía marítima representan un porcentaje muy reducido del total migratorio. Aun así, los menores no acompañados se han situado en el centro del debate político por la falta de coordinación entre administraciones y por el uso partidista del fenómeno.

El CES reclama reforzar el sistema de protección de menores, mejorar los recursos de acogida y garantizar itinerarios de emancipación e inserción laboral que eviten situaciones de vulnerabilidad al llegar a la mayoría de edad.

Reforzar políticas públicas para una integración real

El Consejo propone ampliar las políticas universales de apoyo a la infancia, facilitar la regularidad administrativa de jóvenes migrantes y promover la educación inclusiva. También aboga por impulsar la igualdad de oportunidades para la juventud de origen migrante, que ya muestra una mejora intergeneracional respecto a sus progenitores, aunque sin alcanzar todavía la plena equiparación con la población autóctona.

Un Pacto de Estado por la convivencia

El informe concluye con un llamamiento a un acuerdo político estable que garantice la convivencia en la diversidad y blinde las políticas de integración frente a la volatilidad del debate público. Según el presidente del CES, Antón Costas, la inmigración constituye “un elemento de enriquecimiento social y cultural”, y el país debe apostar por vías de entrada seguras y eficaces para gestionar este fenómeno estructural.

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