Aumento del bonobús y posible impacto en el presupuesto municipal por falta de Zona de Bajas Emisiones en Valencia
En el pleno extraordinario del Ayuntamiento de Valencia, se evidenció que los partidos con representación en el Hemiciclo no logran un consenso para aprobar la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El PP no cuenta con el respaldo de su socio governativo, Vox, ni de la oposición conformada por Compromís y PSPV, lo que dificulta incluir modificaciones a tiempo para 2026.
La falta de aprobación de la ZBE podría tener repercusiones económicas para los ciudadanos. Compromís y PSPV advierten que se podrían perder ayudas estatales entre 35 y 40 millones de euros destinadas al transporte público urbano. Si esto ocurre, el precio del bonobús aumentaría de 5,1 a 8,5 euros a partir de enero, según indicó el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan.
Además, el presupuesto municipal podría verse reducido en un 10% debido a la potencial obligación de devolver ayudas europeas recibidas. Estas ayudas, por 57,8 millones de euros, han financiado proyectos ya completados como la ampliación de espacios para peatones, adquisición de autobuses eléctricos y electrificación de infraestructuras de la EMT.
Si la ordenanza no se aprueba, el gobierno podría imponer multas de hasta el 100% de la subvención europea, afectando también a la financiación de billetes de transporte público. En total, las pérdidas para el Consistorio podrían ascender a 155,6 millones de euros, afecta la posibilidad de acceder a nuevos fondos europeos, según Compromís.
La alcaldesa, María José Catalá, ha manifestado la posibilidad de recurrir a la vía judicial si la ordenanza no prospera. Advirtió que en caso de sanciones, el gobierno local luchará en los tribunales. Según el socialista Borja Sanjuan, Valencia sería la única gran ciudad de España sin esta medida, lo que implicaría una pérdida de 150 millones de euros y un aumento en el coste del transporte público.
Papi Robles, portavoz de Compromís, subraya la importancia de la ordenanza para reducir la contaminación y cumplir con la normativa europea, evitando también una pérdida económica significativa. En este contexto, Catalá se opone a la ZBE, lo que, según Robles, pone en riesgo la salud y la economía de Valencia.
