Un informe elaborado por diversas entidades ha documentado 153 casos de violaciones a los derechos lingüísticos de los valencianohablantes, destacando que el 30,5% de estas situaciones surge en el ámbito educativo, especialmente relacionadas con la implementación de la llamada ley de Libertad Educativa. En segundo lugar, se encuentra la administración pública, con un 25,3%.
El informe ha sido presentado en Alicante por organizaciones como Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, Acció Cultural del País Valencià, ACV Tirant lo Blanc, CCOO PV, Intersindical Valenciana, FE CCOO PV, BEA, SEPC, STEPV, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), Plataforma pel Dret a Decidir, Societat Coral el Micalet, Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals, ACICOM, Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV) y -NOS ante el Síndic de Greuges, coincidiendo con el Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià.
Estas entidades han subrayado la importancia de abordar estas vulneraciones y reivindicar la normalización del valenciano frente a su posible desaparición. Este año, destaca un cambio notable en las tipologías de vulneraciones, siendo el ámbito educativo el principal foco, con más del 30% de los casos reportados.
Las organizaciones atribuyen el aumento de quejas a la “mal llamada” ley de Libertad Educativa, o “ley Rovira”, implementada desde la cartera que hasta hace poco dirigía José Antonio Rovira. Según los grupos, esta ley ha provocado serios problemas en la garantía de derechos lingüísticos en el ámbito educativo.
Además, han observado un cambio en las tendencias de años anteriores, con un aumento de vulneraciones en las comarcas centrales, desplazando a las comarcas del sur como principales áreas afectadas. Esto sugiere que el problema se ha extendido por todo el territorio.
Asimismo, se ha detectado un incremento de vulneraciones en el sector privado, lo cual podría indicar una mayor conciencia de las personas sobre sus derechos y la necesidad de denunciarlos.
Las instituciones públicas siguen siendo un foco de vulneraciones. Según las entidades, el cambio de gobierno con el apoyo de PP y Vox ha contribuido a incrementar las incidencias en los últimos meses, especialmente en el acceso a servicios e información en valenciano.
El informe es el resultado de un trabajo conjunto de varios agentes sociales y culturales, proporcionando un diagnóstico detallado de patrones de vulneración, zonas afectadas y administraciones que no garantizan los derechos lingüísticos. Las organizaciones han aprovechado la ocasión para instar a la Generalitat a restablecer la Oficina de Derechos Lingüísticos con capacidad sancionadora, una demanda pendiente desde el informe de 2024.
“Continuaremos trabajando y apoyando a la ciudadanía para que defiendan sus derechos lingüísticos”, declaró Esteve Juan, miembro del equipo directivo de Escola Valenciana, reiterando el compromiso de las entidades con un modelo social e institucional que respete y promueva la lengua y cultura valenciana. Además, han expresado su esperanza en que la Generalitat Valenciana tome las medidas necesarias para proteger estos derechos.
