La reducción de la jornada laboral en la Administración General del Estado está a punto de convertirse en una realidad. Gobierno y sindicatos se reúnen este lunes para cerrar los últimos detalles de una medida que marcará un cambio importante en las condiciones de trabajo del personal público.
Si no hay cambios de última hora, la nueva jornada de 35 horas semanales entrará en vigor en los próximos días, tras varias semanas de negociaciones técnicas.
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Un acuerdo que redefine el modelo laboral en la administración
La medida forma parte del acuerdo para modernizar la administración pública y ha sido negociada con las principales organizaciones sindicales, entre ellas UGT y CCOO.
El objetivo es avanzar hacia un modelo más equilibrado entre vida laboral y personal, sin que ello afecte a la calidad de los servicios públicos.
Desde los sindicatos insisten en que esta reducción de jornada debe consolidarse como un derecho estructural y no como una medida puntual o condicionada.
La clave: menos horas sin perder servicio
Uno de los puntos centrales de la negociación es garantizar que la reducción de horas no se traduzca en una merma en la atención al ciudadano.
Por ello, las organizaciones sindicales han puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar plantillas en servicios especialmente saturados, como:
- Oficinas del SEPE
- Seguridad Social
- Extranjería
El equilibrio entre jornada laboral y calidad del servicio será determinante para el éxito de la medida.
Reuniones técnicas para cerrar los últimos flecos
El Ministerio de Función Pública ha mantenido en los últimos días encuentros técnicos con los sindicatos para definir aspectos clave de la implantación, antes de su ratificación definitiva en la mesa general de negociación.
En estas reuniones participa la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, encargada de coordinar el proceso.
También en juego: empleo público y acceso
La negociación no se limita a la jornada laboral. En paralelo, se está abordando la oferta de empleo público para 2026, así como mejoras en el acceso a la administración para personas con discapacidad.
Los sindicatos han advertido de retrasos acumulados en convocatorias anteriores y reclaman acelerar los procesos selectivos, además de garantizar que se genere empleo neto y no solo reposición de plazas.
Un cambio con impacto real en miles de trabajadores
La implantación de la jornada de 35 horas supone uno de los cambios laborales más relevantes en la administración pública en los últimos años.
Más allá del ajuste horario, el debate de fondo gira en torno a cómo adaptar las estructuras públicas a nuevas formas de trabajo, conciliación y demanda ciudadana.
El acuerdo está a punto de cerrarse. Ahora, la clave será cómo se aplica en el día a día.
