La histórica dirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, podrá salir de prisión durante el día y regresar únicamente para dormir tras la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La medida ha sido concedida por el Gobierno Vasco y deberá ser revisada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
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Qué implica esta medida penitenciaria
El régimen aplicado no supone un tercer grado, pero sí una flexibilización del segundo grado. En la práctica, permite:
- Salidas diarias para trabajar o realizar actividades
- Obligación de pernoctar en prisión
- Presentación de un plan individual de reinserción
Se trata de una fórmula orientada a la resocialización progresiva del interno, habitual cuando el cumplimiento de la condena está avanzado.
22 años de prisión entre Francia y España
Iparraguirre fue detenida en 2004 en Francia y ha cumplido:
- 16 años de condena en territorio francés
- 6 años en España
En total, suma 22 años de prisión, un factor clave en la aplicación de este régimen tras el reconocimiento de penas cumplidas en otros países.
Trayectoria dentro de ETA
Considerada una de las figuras clave de la organización terrorista ETA, Iparraguirre llegó a ser jefa militar durante años.
Se le atribuyen numerosos delitos, entre ellos:
- Participación en más de una docena de asesinatos
- Dirección de estructuras de la banda
- Implicación en atentados y planificación de acciones terroristas
Entre las víctimas del terrorismo de ETA se contabilizan más de 850 personas asesinadas, además de miles de heridos.
Un precedente reciente: el caso “Txeroki”
Esta medida ya fue aplicada recientemente a Garikoitz Aspiazu, también exdirigente de ETA, lo que generó una fuerte polémica.
En su caso, la Fiscalía consideró “procedente” la medida, aunque pidió gestos hacia las víctimas.
Reacciones: críticas de víctimas y oposición
La decisión ha provocado una oleada de críticas, especialmente desde asociaciones de víctimas.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha calificado la medida como:
- “Un mazazo”
- “Un tercer grado encubierto”
Denuncian que el artículo 100.2, concebido como una medida excepcional, se está aplicando de forma generalizada.
Debate político abierto
La polémica también ha llegado al ámbito político:
- El PP acusa al Gobierno de utilizar la política penitenciaria con fines políticos
- Otras asociaciones hablan de un deterioro del Estado de derecho
- Se cuestiona el equilibrio entre reinserción y justicia para las víctimas
Un caso que reabre el debate sobre la política penitenciaria
La aplicación de beneficios penitenciarios a exmiembros de ETA sigue siendo uno de los temas más sensibles del debate público en España.
El caso de “Anboto” vuelve a situar sobre la mesa una cuestión de fondo:
cómo gestionar el final del terrorismo respetando la legalidad, sin romper el equilibrio entre reinserción y memoria de las víctimas.
