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El nuevo real decreto obliga a informar por escrito sobre salario, jornada, período de prueba y decisiones automatizadas que afecten al empleo
Los trabajadores tendrán más derecho a saber cómo se toman determinadas decisiones dentro de su empresa. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que obliga a informar sobre los algoritmos utilizados para asignar tareas, establecer salarios, decidir promociones, organizar jornadas o incluso intervenir en despidos y extinciones de contrato.
La nueva regulación también amplía la obligación empresarial de explicar por escrito las condiciones laborales de cada trabajador.
Qué información podrá pedir un trabajador
Entre los datos que deberán detallarse se encuentran el salario base, los complementos, las dietas, la periodicidad del pago y el sistema utilizado para calcular variables o incentivos.
También deberá constar la jornada y la previsibilidad del tiempo de trabajo.
Si las condiciones cambian posteriormente, la empresa tendrá que comunicar esas modificaciones por escrito.
Un mes para responder a quienes ya están contratados
Las nuevas incorporaciones deberán recibir esta información desde su contratación.
Los trabajadores que ya estén en plantilla podrán solicitarla y la empresa tendrá un plazo máximo de un mes para entregársela.
La norma busca que las condiciones laborales no dependan únicamente de información verbal o de cláusulas poco concretas.
Más transparencia sobre decisiones automatizadas
La obligación de informar sobre sistemas algorítmicos afecta especialmente a aquellas empresas que utilizan herramientas digitales para gestionar parte de la organización del trabajo.
Si un algoritmo interviene en la asignación de tareas, promociones, salarios o en decisiones relacionadas con la continuidad del empleo, el trabajador tendrá derecho a conocer que ese sistema se está utilizando.
Más control sobre los períodos de prueba
El real decreto también introduce mayores exigencias de información sobre los períodos de prueba.
La empresa deberá indicar con claridad cuánto dura esta fase.
La duración superior al máximo legal de seis meses solo podrá darse en situaciones muy concretas y deberá aparecer expresamente recogida en el convenio colectivo correspondiente.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que la medida pretende combatir fraudes y precariedad laboral y ha afirmado que el 75% de las empresas inspeccionadas presenta irregularidades relacionadas con los períodos de prueba.
Información accesible para personas con discapacidad
La documentación deberá entregarse en formatos accesibles y adecuados para las personas con discapacidad.
La regulación también contempla condiciones especiales para determinados trabajadores.
En los contratos en el extranjero, por ejemplo, deberá especificarse la moneda en la que se pagará el salario.
En sectores como la pesca o la marina mercante se deberán aclarar también cuestiones como los tiempos de descanso.
La norma entrará en vigor previsiblemente este mes
El real decreto está previsto que entre en vigor unos veinte días después de su publicación, por lo que su aplicación comenzaría previsiblemente a finales de septiembre.
España adapta así al ordenamiento nacional una directiva europea sobre condiciones laborales transparentes que debía haber incorporado antes del 1 de agosto de 2022.
