Isabel Perelló califica de “extraordinaria gravedad” atribuir motivaciones políticas a las resoluciones judiciales en plena tensión entre el Ejecutivo y la judicatura

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha aprovechado la apertura del año judicial para responder a las críticas que en las últimas semanas han recibido los tribunales desde el ámbito político. Perelló ha advertido de que las descalificaciones públicas contra los jueces no pueden convertirse en una forma de presión sobre quienes tienen que resolver los procedimientos.

La advertencia llega después de las críticas del Gobierno central a la reciente decisión del Supremo sobre los efectos electorales de la ley de nietos y en medio de otro enfrentamiento institucional relacionado con la investigación judicial de la crisis fronteriza de Ceuta.

“Comprometen el Estado de derecho”

Perelló ha rechazado las acusaciones que presentan a los jueces como actores políticos y ha negado que la judicatura esté politizada.

La presidenta del CGPJ considera de “extraordinaria gravedad” afirmar que los tribunales toman decisiones por motivos políticos en lugar de hacerlo por las razones jurídicas recogidas en sus resoluciones.

También ha advertido de las consecuencias de atribuir determinadas intenciones a los magistrados, ya que este tipo de acusaciones pueden llegar a implicar, según ha señalado, la atribución de una conducta delictiva.

Para Perelló, estas actuaciones “comprometen el Estado de derecho”.

¿Qué ha provocado el último enfrentamiento?

Uno de los principales focos de tensión es la decisión adoptada por el Tribunal Supremo respecto a la denominada ley de nietos.

El alto tribunal ha dejado en suspenso determinadas altas en el censo de españoles residentes en el extranjero vinculadas a personas que obtienen la nacionalidad mediante esta normativa.

La decisión ha provocado fuertes críticas desde el Gobierno de Pedro Sánchez y se suma a una relación ya complicada entre el Ejecutivo y distintos órganos judiciales.

Ceuta abre otro frente entre Interior y el CGPJ

La crisis migratoria de Ceuta ha generado otro choque.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Perelló intercambiaron cartas a raíz de la investigación que dirige la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón sobre la entrada masiva de migrantes.

La presidenta del CGPJ salió en defensa de la actuación de la magistrada y reclamó al titular de Interior respeto por las decisiones judiciales.

Teresa Peramato pide “plena seguridad y normalidad” para Ceuta

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, también ha situado Ceuta entre los asuntos centrales de su primera intervención en una apertura del año judicial.

Peramato ha pedido recuperar la “plena seguridad y normalidad” en la ciudad autónoma y ha defendido que las medidas adoptadas ante la crisis deben respetar simultáneamente el principio de legalidad, los valores de humanidad y la dignidad de las personas.

La fiscal general ha mostrado además su “reconocimiento y solidaridad” con los ciudadanos de Ceuta y ha pedido una mayor autonomía para el Ministerio Fiscal.

Felipe VI preside el acto y Sánchez no asiste

El rey Felipe VI ha presidido la ceremonia celebrada en el salón de plenos del Tribunal Supremo.

Al acto han asistido representantes del Gobierno, encabezados por Félix Bolaños, miembros de la alta magistratura y dirigentes políticos como Alberto Núñez Feijóo. Pedro Sánchez no estuvo presente, ya que se encontraba en Alicante visitando las instalaciones de PLD Space.

La apertura del año judicial ha quedado así marcada por un mensaje central de la presidenta del CGPJ: las resoluciones pueden ser objeto de crítica, pero, en su opinión, atribuir a los jueces motivaciones políticas y convertir las descalificaciones en presión institucional supone cruzar una línea que puede afectar al propio funcionamiento del Estado de derecho.