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El inspector jefe de la Policía Nacional y portavoz de H50 denuncia la falta de protocolos, medios tecnológicos y agentes especializados para identificar y tramitar la situación de las miles de personas que permanecen en la ciudad
Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía Nacional y portavoz de H50, ha advertido de que la situación provocada por la entrada masiva de migrantes en Ceuta necesitará “como mínimo tres meses” para empezar a resolverse. El mando policial sostiene que los agentes destinados en la ciudad carecen de los medios, las infraestructuras y los protocolos necesarios para afrontar una llegada de estas dimensiones.
Durante su intervención televisiva, Giraldo aseguró que permanecen en Ceuta alrededor de 13.000 o 14.000 personas, aunque insistió en que no existe una cifra oficial porque, según afirmó, los agentes no han recibido instrucciones para realizar un recuento y una clasificación completa.
“No sabemos cuántos son porque no tenemos órdenes de contar”, manifestó antes de aclarar que no se trataría únicamente de obtener un dato estadístico, sino de identificar y separar los diferentes perfiles: adultos, menores, hombres, mujeres y países de procedencia.
“No tenemos protocolos ni infraestructuras”
Giraldo describió la situación de los agentes destinados en la frontera como especialmente complicada. Según explicó, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no disponen de un procedimiento suficientemente claro para responder ante entradas masivas por vía marítima.
“No tenemos protocolos de actuación y no tenemos infraestructuras propias de una frontera que está siendo continuamente asaltada”, declaró.
El inspector jefe recordó que las dificultades en el paso fronterizo del Tarajal no son nuevas y citó los episodios registrados en 2014, 2019 y 2021. A su juicio, las advertencias policiales se vienen produciendo desde hace años, por lo que considera “absurdo” limitar el debate actual a determinar si el Gobierno fue avisado inmediatamente antes de la última entrada masiva.
Giraldo también se refirió a la tragedia del Tarajal de febrero de 2014. En aquel episodio murieron 15 migrantes cuando intentaban alcanzar Ceuta a nado y varios guardias civiles fueron investigados judicialmente, aunque la causa terminó archivada.
Del Tarajal de 2014 a la gran entrada de 2021
Giraldo situó el origen de los problemas actuales en varios episodios que, a su juicio, demostraron la falta de protocolos y de infraestructuras suficientes en la frontera de Ceuta.
Tarajal 2014: 15 fallecidos y 16 guardias civiles investigados
El 6 de febrero de 2014, alrededor de 200 migrantes intentaron entrar en Ceuta desde Marruecos. Una parte del grupo trató de superar a nado el espigón fronterizo de la playa del Tarajal.
Los guardias civiles desplegados utilizaron material antidisturbios, entre ellos pelotas de goma, salvas detonadoras y botes de humo, para impedir que los migrantes alcanzaran territorio español. Quince personas murieron ahogadas, aunque algunas organizaciones contabilizan catorce víctimas plenamente identificadas.
Giraldo afirmó durante su intervención que fueron procesados ocho agentes, pero la causa judicial afectó realmente a 16 guardias civiles. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta apreció en 2019 indicios para continuar el procedimiento por posibles delitos de homicidio por imprudencia y denegación de auxilio. (Consejo General del Poder Judicial)
La Abogacía del Estado recurrió aquella decisión y defendió que los agentes habían actuado cumpliendo sus obligaciones. En julio de 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ordenó el sobreseimiento de la causa. Posteriormente, en 2022, el Tribunal Supremo confirmó el archivo.
Por tanto, los guardias civiles fueron investigados y llegaron a ser encausados, pero no fueron condenados ni se celebró finalmente un juicio con sentencia sobre su responsabilidad penal.
Giraldo utilizó este caso para sostener que los agentes destinados en la frontera continúan sin unas instrucciones suficientemente claras sobre cómo actuar cuando un grupo intenta acceder a Ceuta a nado.
2019: retirada de las concertinas
El siguiente antecedente mencionado por Giraldo no fue una nueva entrada masiva, sino la reforma de las vallas de Ceuta y Melilla.
El Ministerio del Interior comenzó en diciembre de 2019 a retirar las concertinas instaladas en la valla de Ceuta. Estos elementos de alambre con cuchillas fueron sustituidos progresivamente por sistemas de seguridad considerados menos lesivos, junto con una elevación y modernización de determinados tramos del perímetro.
Giraldo aseguró que compartía la decisión de retirar las concertinas, pero señaló que los sindicatos y representantes policiales reclamaron simultáneamente barreras de contención más eficaces.
A su juicio, el problema no fue eliminar un elemento potencialmente peligroso, sino hacerlo sin garantizar que las nuevas infraestructuras permitieran controlar una avalancha sin obligar a los agentes a mantener un enfrentamiento físico directo con quienes intentaran superar la valla.
2021: más de 8.000 entradas en apenas dos días
El precedente más cercano se produjo los días 17 y 18 de mayo de 2021, cuando más de 8.000 personas, entre ellas numerosos menores, accedieron a Ceuta desde Marruecos. Muchas bordearon a nado los espigones del Tarajal y Benzú, mientras otras aprovecharon la falta de vigilancia del lado marroquí.
La entrada se produjo en medio de una grave crisis diplomática entre España y Marruecos, después de que el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fuera hospitalizado en España.
La llegada desbordó temporalmente la capacidad de recepción de Ceuta. Miles de personas fueron devueltas en los días posteriores, pero la situación de los menores provocó una compleja controversia judicial. Los tribunales suspendieron y posteriormente anularon las devoluciones realizadas sin expedientes individualizados y sin respetar determinadas garantías legales.
Para Giraldo, los acontecimientos de 2014 y 2021, junto con la reforma fronteriza iniciada en 2019, deberían haber impulsado la aprobación de protocolos específicos y la construcción de infraestructuras capaces de responder ante otra entrada masiva.
“Pasó en 2014, volvió a plantearse en 2019 y se repitió en 2021”, vino a resumir el inspector, quien considera que los agentes siguen expuestos a una situación muy parecida: deben controlar la frontera, pero carecen de instrucciones precisas para hacerlo ante una avalancha por tierra o por mar.
Acusa a Marruecos de haber facilitado la entrada
El portavoz de H50 sostuvo que los informes policiales evitan atribuir responsabilidades directas a otros países por una cuestión de prudencia institucional.
Según su versión, la Policía Nacional puede documentar la actuación de los agentes marroquíes, pero corresponde al Centro Nacional de Inteligencia y a otras instituciones del Estado determinar si existió una intervención organizada desde Marruecos.
Giraldo afirmó que la Policía marroquí “ayudó de alguna manera” a que se produjera la entrada y calificó lo sucedido como una “auténtica invasión”. Se trata de una valoración personal del inspector, ya que la posible responsabilidad del Estado marroquí requeriría una investigación y un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes.
“Si el país vecino quiere, entran; si no quiere, no entran”, afirmó para subrayar la dependencia que, en su opinión, tiene España de la colaboración marroquí en el control fronterizo.
Tres meses para tramitar las devoluciones
Una de las mayores dificultades se encuentra en la identificación individual y en la tramitación de los expedientes. Giraldo explicó que cada posible devolución debe realizarse con asistencia de abogado e intérprete y respetando las garantías legales correspondientes.
Según sus cálculos, este procedimiento necesitará al menos tres meses, siempre que Marruecos acepte finalmente la readmisión de las personas afectadas.
“Nuestra legislación está preparada operativamente para cien o doscientos casos, pero no para una entrada de estas dimensiones”, señaló.
El inspector defendió que las personas que permanecen en Ceuta pueden ser contabilizadas mediante dispositivos policiales y a partir de datos como la distribución de alimentos. Sin embargo, indicó que todavía no se ha realizado una clasificación completa por edad, sexo, nacionalidad y situación jurídica.
Giraldo cuestiona la cifra de 2.700 efectivos
Giraldo también puso en duda la cifra de 2.700 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en Ceuta ofrecida por el presidente del Gobierno.
El inspector jefe calificó ese dato de “mentira” y aseguró que incluye a toda la plantilla ordinaria de la ciudad, aunque una parte de sus integrantes no se encuentre destinada a tareas operativas en la calle.
De acuerdo con sus cifras, la plantilla de la Policía Nacional en Ceuta ronda los 600 agentes, mientras que los refuerzos llegados desde otros puntos de España no alcanzarían los 200 policías.
Estas cantidades corresponden a la versión ofrecida por Giraldo y no han sido acompañadas durante su intervención por un desglose oficial del Ministerio del Interior.
Reclama agentes de Extranjería y más ordenadores
El portavoz de H50 considera imprescindible enviar policías especializados en Extranjería, pero advierte de que antes deben garantizarse alojamientos, manutención y unas condiciones de trabajo adecuadas.
Entre las necesidades más urgentes mencionó la disponibilidad de al menos 50 ordenadores para tramitar los expedientes. Según explicó, actualmente habría menos de veinte equipos disponibles.
Giraldo calcula que cada puesto informático permitiría completar entre cuatro y cinco expedientes diarios. Incluso elevando la capacidad hasta unos 200 procedimientos al día, sostiene que la resolución de todos los casos se prolongaría durante meses.
“Necesitamos policías de Extranjería, pero también lugares donde puedan comer y dormir. Los policías que vayan allí necesitan unas infraestructuras”, señaló.
“Los primeros afectados son los ceutíes”
Giraldo aseguró que los primeros perjudicados por la crisis son los habitantes de Ceuta, aunque reconoció que las personas migrantes también son víctimas de la situación.
El inspector afirmó que numerosos vecinos han limitado sus movimientos por miedo, especialmente durante la noche. Habló de un “toque de queda” autoimpuesto, aclarando que no existe ninguna restricción oficial, sino una decisión personal de algunos ciudadanos ante la percepción de inseguridad.
“La ciudad de Ceuta está sometida a una presión tremenda”, manifestó.
Como posible medida, Giraldo planteó estudiar que toda Ceuta pueda ser considerada zona fronteriza a efectos de determinados procedimientos de extranjería y asilo. Esta propuesta, según defendió, permitiría organizar las solicitudes y las identificaciones sin privar de derechos a los migrantes y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre la población ceutí.
El inspector concluyó con una advertencia: mientras no existan más medios materiales, protocolos claros y capacidad suficiente para controlar la frontera, una nueva entrada masiva podría volver a superar el dispositivo español.
Propone considerar toda Ceuta como zona fronteriza
Entre las posibles soluciones, Serafín Giraldo planteó que toda la ciudad de Ceuta sea considerada zona fronteriza a efectos de extranjería y protección internacional, y no únicamente el paso del Tarajal.
Según explicó, esta fórmula permitiría aplicar los procedimientos fronterizos desde cualquier punto de la ciudad, agilizar la identificación de las personas llegadas irregularmente y evitar que la presión administrativa y asistencial recaiga sobre el conjunto de Ceuta.
“Se puede declarar toda la ciudad como frontera. No se priva de derechos a nadie y salvaguardamos los derechos y libertades de nuestros conciudadanos”, sostuvo.
Giraldo defendió que las solicitudes de asilo podrían centralizarse y tramitarse dentro de un régimen fronterizo específico. A su juicio, esta medida ayudaría a diferenciar con mayor rapidez entre quienes necesitan protección internacional, los menores de edad y las personas que pueden ser devueltas a sus países de procedencia.
El inspector considera que la legislación española funciona cuando se producen llegadas de cien o doscientas personas, pero resulta insuficiente ante entradas de decenas de miles en un periodo muy reducido.
“La ciudad de Ceuta está sometida a una presión tremenda, inmensa”, advirtió, antes de recordar que sus habitantes han demostrado durante años una gran capacidad de acogida y solidaridad.
La propuesta, no obstante, no podría aplicarse automáticamente mediante una simple decisión policial. Tendría que ser estudiada jurídicamente por el Gobierno y resultar compatible con la legislación española, el derecho de la Unión Europea y las garantías reconocidas a quienes solicitan protección internacional.
El planteamiento de Giraldo no supondría eliminar el derecho de asilo, sino trasladar a toda Ceuta el tratamiento jurídico actualmente asociado a determinados puestos fronterizos. Su viabilidad y alcance dependerían de la fórmula legal utilizada y podrían ser revisados por los tribunales.
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